El ajustado reparto de vocales pactado entre el Gobierno y el PP, la elección de una presidenta que no era la opción de los progresistas y el desmarque de uno de los consejeros de Sumar han allanado una nueva mayoría para los conservadores

Los vocales progresistas acusan a la presidenta de liderar la ruptura del “consenso” en el Poder Judicial

Tras casi tres décadas de presidentes conservadores en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la renovación pactada en el verano de 2024 con una supuesta mayoría progresista alentó la idea de un cambio de rumbo en el órgano de gobierno de los jueces. Un año después, sin embargo, la derecha judicial sigue ganando terreno en la institución más importante del tercer poder del Estado. Al fiasco de una política de nombramientos que ha consolidado el dominio conservador en la cúpula judicial; se suma ahora un reparto de poder claramente favorable a los vocales elegidos a iniciativa del Partido Popular.

La presidenta Isabel Perelló, a la que se atribuyó una sensibilidad progresista cuando fue designada; y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votaron esta semana junto al grupo conservador una nueva configuración de las comisiones en las que se organiza el trabajo del órgano. Con el nuevo reparto, nueve de las once tienen mayoría conservadora. El vocal Carlos Hugo Preciado mantiene su puesto en la Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado.

Los progresistas acudieron al pleno con una propuesta que se acabó retirando. Ni siquiera se llegó a votar. Proponían que este bloque –que hasta ahora estaba en minoría en la Permanente– pasara a tener mayoría: cuatro vocales progresistas y tres conservadores. También proponían la entrada del vocal José María Fernández Seijo, que ha ejercido como líder en la sombra del grupo progresista. Tras el pleno, Fernández Seijo amenazó con dimitir, aunque sus compañeros de bloque se están movilizando para que lo reconsidere.

El nuevo reparto mantiene una correlación de fuerzas favorable a los conservadores y en la que será clave el posicionamiento de la presidenta Perelló, que tiene voto de calidad en caso de empate. De forma reciente, el voto de la presidenta ha permitido la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Pero Perelló también se ha puesto de perfil en otros asuntos de calado. Es el caso de las propuestas sobre el sistema de elección de los vocales o las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Tribunal Supremo. Acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha.

A espaldas de los progresistas

Vocales de ambos grupos confirman que el reparto finalmente acordado fue negociado a espaldas de los progresistas, lo que ha elevado la tensión hasta límites no vistos durante este mandato. En un duro comunicado, ocho vocales elegidos a iniciativa del PSOE y otra de Sumar acusaron a la presidenta Perelló de haber impuesto de “manera abrupta y deliberada” un cambio de reglas que les “excluye” del nuevo reparto de poder.

Preciado, por su parte, defiende que el asunto se está tratando con “mucho dramatismo” y afirma “se han corregido determinadas disfunciones y se ha optado por perfiles progresistas independientes”, en referencia a sí mismo. Este viernes, afiliados de su asociación, Juezas y Jueces para la Democracia, le pidieron explicaciones en su congreso anual.

Distintas fuentes relatan, sin embargo, una reunión “muy tensa”, en la que se mantuvo la institucionalidad, pero donde se evidenció el enorme malestar de la mayoría de los vocales progresistas. La situación pone el foco en Perelló, que ha perdido el apoyo de parte de los vocales que la auparon a la presidencia. Y evidencia también las costuras del ajustado reparto de vocales pactado entre el Gobierno y el PP tras cinco años de bloqueo.

A pesar de una mayoría parlamentaria de izquierdas, el pacto fue que habría diez vocales progresistas y diez conservadores. Ambos partidos acordaron que, por primera vez en la historia, ellos no pondrían el nombre de la persona que iba a dirigir la institución. Aunque sí pactaron que los veinte vocales debían ponerse de acuerdo sobre la base de tres condiciones: que fuera mujer, progresista y magistrada del Tribunal Supremo.

Comparación entre el tiempo en el Gobierno de cada presidente con la duración del mandato del Consejo General del Poder Judicial con mayoría progresista o conservadora

Fuente: BOE, elaboración propia

El sector conservador amagó con incumplir la letra pequeña de ese pacto entre los partidos. Su estrategia pasó en primer lugar por tratar de imponer al magistrado Pablo Lucas, del que defendían su “brillante” currículum; y, después, a Carmen Lamela, a la que promocionaron tras aceptar que el puesto debía estar en manos de una mujer y a la que intentaron atribuir una sensibilidad progresista difícil de apoyar en su trayectoria como magistrada.

Durante semanas, la división entre los dos bloques pareció insalvable. Perelló nunca estuvo entre los nombres de preferencia de los vocales de la izquierda judicial. Estos se decantaron por impulsar las candidaturas de las también magistradas del Supremo Pilar Teso y Ana Ferrer. Aunque son dos reputadas juristas, sus perfiles eran rechazados de plano por los vocales conservadores, cuyo respaldo era imprescindible para sacar el nombramiento adelante y que insistían en imponer a sus candidatos.

Tras un impasse que duró semanas comenzaron a buscarse nuevos perfiles. El primer paso lo dio el vocal conservador José Antonio Montero, que propuso precisamente a Carlos Hugo Preciado el nombre de Perelló. La vocal propuesta por Sumar Inés Herreros, ahora enfrentada a Preciado, apoyó la operación. Otros vocales progresistas se sumaron después.

Se había consumado una primera cesión que se ha repetido en otros episodios posteriores. Por ejemplo, con la elección de las presidencias de las salas más delicadas del Tribunal Supremo: Teso y Ferrer volvieron a ser vetadas por los conservadores, que lograron imponer a sus candidatos. En ese momento Perelló también se puso de perfil. Votó en blanco en varias ocasiones. Y Teso y Ferrer acabaron renunciando, lo que allanó el camino para sus compañeros de sala. Los progresistas transigieron y acabaron apoyando de forma mayoritaria a los candidatos preferidos por el bloque conservador.

Recurrentes cesiones

La presidenta tampoco tomó partido en otro de los asuntos controvertidos del mandato: la obligación de hacer un informe sobre el sistema de elección de los vocales del órgano. Finalmente, se aprobó por unanimidad un único informe con dos propuestas diferenciadas: una tendente a mantener la esencia del actual modelo, en el que Las Cortes eligen sobre una lista cerrada determinada por los jueces, defendida por el sector progresista; y otra que apoya que los vocales judiciales sean elegidos de forma directa por los jueces, que es la mantenida por los consejeros elegidos a propuesta del PP.

El pasado mayo, Perelló también votó junto a Preciado y el grupo conservador la elección de tres puestos de carácter técnico. Fue una primera escena de fractura en el bloque progresista que ya se venía rumiando desde hace meses dentro del órgano, pero que no se había evidenciado de forma clara. El escenario ha cambiado ahora, pues los ocho vocales elegidos a iniciativa del PSOE y la elegida a propuesta de Sumar otorgan una enorme gravedad a lo ocurrido esta semana.

Responsabilizan directamente a Perelló de acabar con “un clima de confianza interna inédito en etapas anteriores” y de alentar un reparto que “responde más a una lógica de exclusión que a criterios institucionales”. Y advierten de “consecuencias” en materia de nombramientos. “No sé si la presidenta es consciente, pero tendremos que empezar a pensar que tenemos que hacer nuestras políticas. Se ha terminado la unanimidad”, dice un vocal elegido a iniciativa del PSOE. “La situación es lamentable para lo que se esperaba de un Consejo progresista”, dice otra vocal de este grupo.