Puesto en servicio en el año 2018, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (Tacgal) no afloja el ritmo en su actividad , que es la de interceder por las empresas cuando estas consideran que una administración pública ha cometido alguna incorrección en una licitación o adjudicación, o incluso en el pliego de condiciones. Este órgano con menos de una década operativo es el equivalente al tribunal específico al que los contribuyentes acuden cuando están disconforme con lo que deben pagar en impuestos al erario público. Solo que en el Tacgal se resuelven los conflictos que atañen a los contratos de servicio, suministro, obra o concesiones que sacan al mercado la Xunta , los ayuntamientos, las diputaciones provinciales y las tres universidades públicas.

Esta disconformidad pro

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