Este fin de semana se producirán las primeras reuniones, más restringidas, y el lunes será cuando la ejecutiva de Junts se encerrará en un 'coworking' de Perpinyán para decidir cuál es la estrategia a seguir a partir de ahora. Las voces partidarias de romper con el PSOE han ido en aumento pero eso no implicaría encumbrar a Feijóo, al que acusan de bloquear avances en ámbitos como el catalán en Europa.

¿Esta vez va en serio?

Es la pregunta más repetida en los últimos días tras el juego de palabra que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, utilizó el miércoles para anunciar que para su partido ha llegado “la hora del cambio” . La respuesta es que sí o, para ser más precisos, el partido de Puigdemont va mucho más en serio que todas las anteriores ocasiones. Fuentes del partido señalan que el PSOE solo se mueve cuando nota que se acerca “al abismo” y que esta vez está más cerca que en las anteriores. La cuestión es qué les puede ofrecer ahora para rebajar un malestar que es bastante transversal porque es compartido tanto por miembros de la dirección como diputados y cargos municipales.

¿Qué consecuencias puede tener en su maltrecha relación con el PSOE?

Los partidarios de romper, que cada vez son más, consideran que hay que borrarse definitivamente del bloque que apoyó a Pedro Sánchez en su investidura. Los posconvergentes insistieron desde el principio que no querían formar parte de ese grupo, que ellos comían aparte y es lo que han intentado toda la legislatura. Pero a medida que Sánchez ha ido mirando a su izquierda, ya fuese en su apoyo a Palestina o la reducción de la jornada laboral, la distancia ha ido aumentando. Sánchez cada vez más busca atraer votantes de Sumar y Podemos mientras Junts intenta frenar la fuga de los suyos hacia Aliança Catalana.

Junts acusa al Gobierno de bloquear la ley sobre multirreincidencia que registraron el año pasado y que el Congreso tomó en consideración en mayo de 2024, con los votos de la derecha, del PSOE y de otros partidos del bloque de investidura como ERC. Sumar y el resto de grupos de izquierda rechazan el texto por considerar que avala los discursos racistas. Eso, sumado al fiasco del traspaso de competencias en inmigración, es algo que ha alimentado aún más el malestar. Para el partido de Puigdemont y más concretamente para sus alcaldes todo lo que esté vinculado a multirreincidencia es prioritario porque consideran que la única manera que tienen de combatir el discurso xenófobo de Silvia Orriols y los suyos es endureciendo su posición. Es algo que han trasladado tanto al expresident, la última vez hace solo unos días en Waterloo, como en reuniones con Jordi Turull. 

Tampoco hay que olvidar que muchos en el partido de Puigdemont defienden que, para remediar la pérdida de visibilidad en la política interna de Catalunya, Junts debería lograr acuerdos con el Govern de Salvador Illa. De hecho, la formación intentó este mes que el PSC aprobara varias de sus propuestas en el Parlament como un primer acercamiento antes de valorar la opción de sentarse a negociar los presupuestos. Pero ese primer intento quedó en nada porque no se entendieron y el Govern prefirió priorizar a sus socios tradicionales de ERC y Comuns.

¿Junts apoyaría una moción de censura del PP?

Esta es la pregunta del millón y que depende de Puigdemont pero no solo de él puesto que aquí entra Alberto Núñez Feijóo en la ecuación. Junts siempre había dicho que no haría caer al Gobierno para que fuese el PP quien ocupase su lugar. Públicamente solo un dirigente de peso, Antoni Castellà, ha especulado (y tampoco con especial convicción) con la posibilidad de apoyar una moción ‘instrumental’, esto es, forzarla solo con la condición de que el PP convocase inmediatamente elecciones. No parece que, a fecha de hoy, esa sea una opción mayoritaria en el partido, por más enfado que exista con el PSOE. Además, tampoco está claro que Feijóo estuviese dispuesto a jugar esa carta. 

¿Cómo influye el ‘factor Puigdemont’?

Al igual que pasó cuando se consultó a la militancia sobre la salida del Govern de Aragonès o sobre apoyar la investidura de Sánchez, el pulgar del expresident condiciona y mucho la decisión de la dirección y la de la militancia puesto que la pregunta se formula ya con intención. 

El expresident afronta la decisión sobre cómo enfocar lo que queda de legislatura sin que el arreglo de su situación personal vía ley de amnistía (lo que motivó el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez) esté solventado. Tras las caóticas negociaciones políticas, el rechazo del Supremo a amnistiar a Puigdemont le ha obligado a pedir amparo al Constitucional y esperar a que el tribunal de garantías corrija al alto tribunal.

A principios de octubre, el Constitucional admitió a trámite el recurso con el que Puigdemont pide que se amnistíe el delito de malversación por el que sigue en búsqueda y captura y que, en la práctica, le impide volver a España sin arriesgarse a ser detenido. La admisión a trámite se demoró unas semanas porque, antes, Puigdemont había recusado a tres magistrados conservadores.

El expresident ha pedido que, como medida cautelar mientras se resuelve el recurso sobre su amnistía, se suspenda su orden de ingreso en prisión en España. El Constitucional todavía tiene que resolver esta petición (a la que la Fiscalía se ha opuesto), aunque es infrecuente que el Constitucional acuerde una medida cautelar antes de abordar el fondo de un recurso. 

Lo más plausible es que Puigdemont no conozca si el Constitucional despeja su camino para volver a España hasta la sentencia de su caso, que todavía tardará unas semanas y se espera para el próximo invierno. En suma, la sentencia de Junts a la legislatura puede llegar antes que la sentencia sobre la amnistía a su principal beneficiario.

¿Qué pasará con la mesa de negociación?

Una de las opciones que se está debatiendo es la de finiquitar la mesa de negociación que se ha ido reuniendo periódicamente en Suiza y en algunas ocasiones también en Bruselas. En la última, celebrada en Zúrich, se constató que lo que siempre han sido dificultades para llegar a acuerdos ahora se antojan obstáculos insalvables.  

Con la entrada en prisión de Santos Cerdán, Junts perdió a su mejor aliado. La relación que habían tejido con Turull era prácticamente de amistad. Los independentistas se quejaban de que los acuerdos que alcanzaban con el entonces secretario de organización del PSOE quedaban después empantanados en los ministerios. Es algo que, según los independentistas, no se ha resuelto después, cuando el principal interlocutor es el expresidente Zapatero, que ya antes estuvo en más de uno de los encuentros bilaterales, ahora junto a Juanfran Serrano, mano derecha de Cerdán.

Una de las carpetas que se arrastra desde hace más tiempo es la de la oficialidad del catalán en Europa. Junts ha reconocido públicamente los esfuerzos del Gobierno y en especial del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para convencer al resto de estados y ha criticado duramente al PP por boicotear cualquier tipo de avance. De hecho, es uno de los ejemplos que citan para descartar el apoyo a una moción de censura de Feijóo.

El estado más reticente a que el catalán tenga un mayor reconocimiento es Alemania y, para alegría del PSOE, el canciller Merz ha aceptado “abrir un diálogo” para ver si es posible. No es garantía de nada pero al menos ya no lo bloquea. Es un paso aunque no se sabe cómo acabará. Este es un tema del que Puigdemont ha hecho bandera pero que a los alcaldes de Junts no les parece ni lo más urgente ni lo que les permitirá recuperar los votos que están perdiendo. Y el primer examen electoral, si Sánchez no adelanta las generales, es el suyo.