El debate sobre los altos salarios en la radiotelevisión pública ha vuelto al primer plano tras la demanda presentada por la periodista contra RTVE, alegando la pérdida significativa de condiciones económicas y profesionales al pasar de un contrato mercantil —por el que llegó a percibir cerca d e 270.000 euros anuales — a una relación laboral regulada que comporta un salario inferior a los 45.000 euros anuales , en cumplimiento del convenio colectivo y tras la intervención de la Inspección de Trabajo.

La reacción sindical no se ha hecho esperar. El sindicato USO, uno de los más activos en la corporación, ha emitido un comunicado en el que denuncia “privilegios y desigualdades intolerables” en una empresa pública “que pertenece a todos los ciudadanos” , al tiempo que exige transpar

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