Desde 2011, el Congreso de la Unión de México ha mantenido en la congeladora más de 50 reformas que buscan tipificar como delito el enrolamiento de menores por parte del crimen organizado. Estas iniciativas proponen penas de cárcel que van de 20 a 140 años para quienes incurran en esta actividad, pero ninguna ha sido dictaminada hasta la fecha.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha instado al Estado mexicano a legislar sobre este tema, pero las iniciativas no han tenido prioridad legislativa. Esto ha ocurrido a lo largo de diferentes administraciones, desde la guerra contra el narcotráfico del presidente Felipe Calderón, pasando por Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, hasta el actual gobierno de Claudia Sheinbaum.

Organizaciones como la Red para los Derechos de la Infancia (Redim) estiman que cada año, alrededor de 30,000 menores son reclutados por grupos criminales. Saskia Niño de Rivera, activista y cofundadora de la organización Reinserta, ha enfatizado la necesidad de incorporar este delito al Código Penal. “Queremos que esta reforma tenga como objetivo establecer un marco legal mucho más robusto y que, a la par, se establezca una estrategia integral que busque desmovilizar a los niños, niñas y adolescentes que están ya en las filas de la delincuencia”, afirmó.

Datos de Reinserta indican que hasta el 62% de los adolescentes en conflicto con la ley penal han tenido contacto con grupos delictivos antes de cumplir 15 años. Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, señala que la cifra de menores que se unen al crimen organizado es alarmante, oscilando entre 30,000 y 35,000 anualmente.

Pérez García lamenta la falta de estudios por parte del gobierno mexicano sobre el alcance del reclutamiento de menores. “Se calculó que en 2020 había entre 140,000 y 250,000 menores en riesgo de ser reclutados, pero esas cifras pueden ser mucho mayores, ya que el reclutamiento se realiza a través de redes sociales como Facebook, TikTok y videojuegos”, explicó.

El reclutamiento forzado de menores es considerado un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, en México, este delito no está penado por el Código Penal. Desde 2011, el país ha recibido alrededor de 78 recomendaciones para tipificar el reclutamiento forzado, pero ninguna ha sido implementada.

A pesar de la gravedad de la situación, las iniciativas para tipificar el enrolamiento de menores siguen sin avanzar. Tras el hallazgo de un rancho en Jalisco, donde se encontraron pertenencias de menores desaparecidos, se propusieron 15 reformas, pero todas permanecen pendientes de dictamen.

Recientemente, el senador del PRI, Pablo Angulo Briseño, presentó una propuesta para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el Código Penal Federal, con el objetivo de castigar el reclutamiento forzado con penas de hasta 45 años de prisión.

Otras iniciativas han sido presentadas por diferentes legisladores, incluyendo propuestas para aumentar las penas en casos de agravantes y para castigar a quienes inciten o coaccionen a menores a participar en actividades delictivas. Sin embargo, la falta de acción legislativa continúa siendo un tema preocupante en el país, donde el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado se ha convertido en una práctica habitual.