La reciente "Operación Caudal" en el Estado de México ha destapado una grave crisis sanitaria relacionada con el robo y la venta ilegal de agua no potabilizada. Este operativo, que involucró a los tres niveles de gobierno en 48 municipios, ha permitido desarticular redes dedicadas al llamado "huachicol de agua". Estas organizaciones extraían el recurso a través de pozos clandestinos y otras infraestructuras irregulares.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el agua era vendida a precios inflados, alcanzando hasta un 59% más que el promedio oficial. Municipios como Ecatepec, Cuautitlán, Tlalnepantla y Toluca fueron los más afectados. Lo más preocupante es que el agua sustraída no pasaba por procesos adecuados de potabilización, limitándose a una simple cloración superficial. Esto representa un riesgo directo para la salud de miles de habitantes, ya que el agua sin tratamiento puede contener bacterias, metales pesados y contaminantes químicos.

Los especialistas en salud ambiental advierten que el consumo de agua no tratada puede incrementar la incidencia de enfermedades como cólera, hepatitis A, fiebre tifoidea, giardiasis y amibiasis. Además, el uso de esta agua para actividades domésticas, como lavar alimentos o asearse, puede facilitar la propagación de microorganismos patógenos. La situación se agrava al considerar que los pozos clandestinos operan sin control sanitario, lo que puede alterar la presión y calidad del suministro oficial, afectando incluso a quienes reciben agua de fuentes seguras.

Durante los cateos realizados, las autoridades localizaron 51 pozos ilegales y 138 tomas clandestinas, así como 322 pipas utilizadas para transportar el líquido sin autorización. Muchas de estas unidades, algunas tipo tráiler conocidas como "salchichas", carecían de limpieza y mantenimiento, aumentando el riesgo de contaminación cruzada por residuos químicos o biológicos.

El problema también tiene una dimensión social. Los habitantes de varias comunidades se ven obligados a comprar agua a transportistas vinculados a grupos delictivos, quienes controlan la distribución mediante extorsión. Entre las organizaciones identificadas se encuentran "La Chokiza", "Los 300", "Libertad", "25 de Marzo" y "22 de Octubre", además de agrupaciones con fachada sindical. Este modelo de comercio ilegal no solo vulnera el acceso equitativo al agua, un derecho humano reconocido constitucionalmente, sino que también profundiza las brechas de desigualdad sanitaria.

Las familias con menos recursos terminan pagando precios excesivos por un recurso de dudosa calidad, exponiendo su salud a agentes contaminantes. El IMSS y la Secretaría de Salud del Estado de México han advertido que el suministro y consumo de agua no potabilizada representa una amenaza latente para la salud pública, especialmente en zonas con infraestructura deficiente o escaso acceso a servicios médicos.

La Fiscalía mexiquense ha informado que se ejercerá acción penal contra los responsables, incluidos integrantes de organizaciones sociales y servidores públicos implicados. Sin embargo, el desafío no se limita al ámbito judicial. La situación del huachicol de agua evidencia la necesidad de fortalecer la gestión hídrica, la supervisión sanitaria y la educación sobre el uso adecuado del agua en la población.