Desde el 2018, la narrativa antineoliberal y nacionalista bosquejó un modelo gobiernista para la generación de energía eléctrica con base en una legislación de la industria que fue motivo de múltiples controversias por la vía de la acción de inconstitucional y la del juicio de amparo, cuyas resoluciones confrontaron al presidente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que conduciría a la reforma judicial, la desintegración del más alto tribunal y la prohibición constitucional de la suspensión con efectos generales de una ley combatida por su inconstitucionalidad.

La contra reforma eléctrica ha sido una de las banderas de la 4T, en su primer y segundo pisos, y la recentralización de la toma de decisiones en la Secretaría de Energía y la CFE; la desaparición de sus filiales; la limi

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