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La reciente decisión de la Corte en fallo Castillo no resulta un hecho aislado. Es parte de una regresión que desde hace algunos años intenta dar por tierra con los consensos éticos, jurídicos y políticos construidos por la democracia en torno al Nunca Más.

Esta sentencia bochornosa partió de una Corte integrada apenas por dos jueces titulares —cuyas designaciones por decreto vulneraron la Constitución— y completada por magistrados subrogantes. Ellos resolvieron poner en cuestión el canon vigente desde 2003: la consolidación del proceso argentino de juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado, reconocido internacionalmente.

El argumento central del fallo —la prolongación de la prisión preventiva viola la presunción de inocencia y los tratados internacionales— se presen

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