Los cambios de criterio del Ejecutivo respecto a la forma de financiar determinadas partidas podrían crear importantes trabas para el siguiente gobierno, lo que ha levantado suspicacias de una posible intencionalidad política. Estas sospechas refuerzan la conveniencia de adelantar la fecha de las elecciones para así discutir el presupuesto posteriormente, y de esa forma desacoplarlo del ciclo electoral.

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