C ANCÚN, MX.- Autoridades federales y estatales de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado (Sema), respectivamente, instalaron una “mesa de combate a la tala ilegal y deforestación de Quintana Roo” desde agosto pasado, con el fin de combatir los crímenes ecológicos en la entidad.

A decir de Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), los crímenes ecológicos en Quintana Roo incluyen la deforestación, la contaminación de cuerpos de agua y la tala ilegal.

Ejemplos específicos son la destrucción de manglares como el de Tajamar, la operación irregular de basureros, la contaminación de acuíferos por descargas de aguas residuales y los problemas de residuos asociados con el crecimiento urbano e industrial. También se han registrado casos de afectación a la vida silvestre, como la muerte masiva de abejas y de fauna local.

Agregó que la Profepa realizó recientemente cuatro operativos de inspección en los municipios de Bacalar y José María Morelos, donde detectó afectaciones en una superficie total de 1 mil 463 hectáreas, resultando en tres predios clausurados y dos denuncias penales presentadas.

La Mesa de Combate a la Tala Ilegal y la Deforestación se reunirá cada dos semanas, con el objetivo de mantener un diálogo constante, afinar estrategias y coordinar acciones y esfuerzos entre las diferentes autoridades.

“Ninguna institución puede sola. Necesitamos sumar esfuerzos: gobiernos estatales, autoridades ambientales, fiscalías, instituciones de seguridad y programas sociales”, dijo Boy Tamborrell.

A la fecha, en Quintana Roo la Profepa lleva una clausura total de 3 mil 994.12 hectáreas de terrenos forestales resguardados, donde ha evitado la tala ilegal, la producción de carbón sin autorización, el uso de plaguicidas y la siembra de productos transgénicos.

PENAS MÁS SEVERAS

Al entrevistar al diputado federal Adrián González Naveda, del PT, reveló que presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el fin de aumentar las sanciones penales contra la tala ilegal.

Los puntos clave de la reforma al Código Penal Federal (Artículo 418) son: aumento de la Pena, la pena máxima de prisión se eleva de 9 a 20 años y la multa pasa de 3 mil a 20 mil veces el valor diario de la UMA. Reparación obligatoria e imprescriptible, se establece la obligación de la reparación integral del daño ambiental a costa del responsable, con especies nativas. Esta medida es catalogada como imprescriptible.

Agravantes por Daño Crítico (Art. 418 Bis): La pena se aumentará en una mitad si la tala ocurre en Áreas Naturales Protegidas, áreas verdes o de donación, involucra especies endémicas o en riesgo, o si provoca la pérdida de superficie forestal superior a una hectárea.

Inhabilitación: Se ordena la inhabilitación de 5 a 10 años para participar en actividades forestales o comercio de madera para los sentenciados.

Además, se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente de tres mil a veinte mil días multa, a quien ilícitamente dañe, desmonte o construya en superficies que se encuentren dentro del Padrón Nacional de Áreas Verdes, Áreas de Donación y Superficies Forestales Protegidas.

Advierte de la complicidad local por parte de comisariados ejidatarios que gestionan permisos para justificar el desmonte, así como la corrupción institucional a través de “mordidas” a policías. ( Agencia SIM )