El reciente ascenso de José Jerí a la presidencia interina del Perú ha desatado una ola de protestas en el país. Su llegada al poder, tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, ha sido vista como un signo del deterioro institucional que atraviesa la democracia peruana. Un análisis de World Politics Review destaca que el Legislativo ha concentrado cada vez más poder, lo que ha llevado a algunos a calificarlo como una “dictadura parlamentaria”. La crisis política que vive Perú desde hace casi una década ha dejado a la población exhausta y temerosa. Las manifestaciones contra Jerí, que se han llevado a cabo frente al Congreso y en diversas regiones, evocan las marchas tras la caída de Pedro Castillo en 2022, que resultaron en alrededor de 50 muertes. Sin embargo, la respuesta de la ciudadanía ha sido más contenida, marcada por el miedo y la desconfianza hacia las autoridades. La indignación crece por la falta de legitimidad de un gobierno que depende de una mayoría ultraconservadora en el Parlamento y de acuerdos políticos poco transparentes. El informe de World Politics Review describe el ascenso de Jerí como un movimiento calculado del Congreso para mantener el control total del poder. La destitución de Boluarte se atribuye a su incapacidad para frenar la ola de extorsiones y violencia urbana. Sin embargo, se sugiere que la verdadera razón fue política, buscando distanciarse de una mandataria impopular antes de las elecciones generales de abril de 2026. José Jerí, quien fue investigado por una denuncia de violación en 2024, se encuentra en una posición vulnerable y dependiente de las fuerzas políticas que lo llevaron al poder. Ha prometido aplicar medidas de seguridad similares a las del presidente salvadoreño Nayib Bukele, anunciando un estado de emergencia en Lima. Su imagen, posando en una cárcel con internos obligados a inclinar la cabeza, ha generado rechazo entre organizaciones de derechos humanos. El Congreso, dominado por fuerzas conservadoras, ha impulsado reformas legales que benefician a redes de corrupción y crimen organizado. La situación social es alarmante. La mitad de la población vive en inseguridad alimentaria, y cuatro de cada diez niños menores de tres años sufren anemia. Mientras tanto, el Legislativo ha aprobado aumentos salariales para los propios congresistas, lo que ha incrementado la indignación ciudadana. La ola de extorsiones ha crecido exponencialmente, con 22.396 denuncias en 2023, un aumento del 675% respecto a 2020. Las autoridades han optado por respuestas militarizadas, decretando estados de emergencia que han agravado la desconfianza y la violencia. World Politics Review compara las protestas en Perú con movimientos sociales en países como Marruecos o Nepal, donde jóvenes activistas luchan contra gobiernos corruptos. Sin embargo, en Perú, el deterioro democrático proviene de una coalición parlamentaria fragmentada que ha erosionado el equilibrio de poderes. A medida que el interés internacional disminuye y la presión diplomática de Washington se reduce, el informe advierte que la solución a la crisis podría depender de la movilización ciudadana. Para revertir el rumbo, los peruanos deberán unirse en mayor número para evitar que la crisis política se consolide como un nuevo modelo de gobierno autoritario en América Latina.