Cuando se usa el aparato de sanciones financieras de EEUU contra un mandatario elegido democráticamente, el mensaje no es jurídico, es ideológico: castigar al adversario político

IU reclama al Gobierno que muestre respaldo a Gustavo Petro ante las sanciones contra él anunciadas por EEUU

La lista Clinton nació en los noventa para aislar económicamente a narcotraficantes y blanqueadores de dinero. Supuestamente, era en su origen un instrumento de cooperación internacional contra el crimen organizado. Hoy, su uso se ha degradado hasta convertirse en un arma política. La decisión tomada por Donald Trump de incluir en ella a Gustavo Petro, a varios miembros de su familia y a su ministro del Interior marca un punto de inflexión: ya no se sanciona a presuntos delincuentes, sino a adversarios políticos.

Michelle Manatt, exfuncionaria demócrata del departamento de Estado y una de las arquitectas del programa original, se pronunció sin rodeos desde Estados Unidos: “en mi país ya no existe el debido proceso; primero tomaron la decisión política de poner su nombre ahí y luego buscaron elementos para justificarlo”. Pocas declaraciones definen mejor la arbitrariedad. Lo que en teoría debería ser un mecanismo jurídico se transforma así en una forma de chantaje ad hominem: un aviso a cualquier dirigente que pretenda desafiar los planteamientos de Trump.

Ataques políticos como este, no solo no fortalecen la lucha contra el narcotráfico, la erosionan. Si todo el mundo es un narcotraficante, nadie lo es. El resultado es una banalización que deja más espacio a los verdaderos cárteles. “Reemplazar constantemente la verdad por la mentira no hace que las mentiras sean aceptadas como verdad, sino que el sentido de la realidad se destruya” escribió Hannah Arendt. Ese es el punto en el que nos encontramos: un mundo donde la lucha contra el narcotráfico se usa para encubrir maniobras políticas oscuras, y donde la verdad parece depender de quién tenga más capacidad de imponerla.

Pero vamos a los hechos. Los cultivos de hoja de coca en Colombia alcanzaron cotas muy altas en el gobierno del uribista Iván Duque, cuando se destruyó la política de sustitución voluntaria de cultivos que había implantado en su día Juan Manuel Santos. En 2021, bajo el gobierno Duque la tasa de crecimiento de cultivos estaba en el 42%. Hoy, según datos adelantados por el propio presidente colombiano, la tasa de crecimiento de cultivos va en claro declive: 13% en 2022; 9% en 2023; 3% en 2024.

Petro pagó el precio de haber dicho lo que muchos piensan y pocos jefes de estado o de gobierno se atreven a verbalizar con tanta claridad. Denunció los asesinatos extrajudiciales en alta mar, las detenciones de madres y padres migrantes delante de sus hijos, las deportaciones de personas esposadas de pies y manos a sus países de origen y las entregas a terceros países donde se les pierde la pista. Fue de los más contundentes ante el genocidio en Gaza. Pero hizo algo más. Puso sobre la mesa el elemento de fondo que explica que Trump tenga el mayor portaviones del mundo a pocas millas de la costa venezolana: el petróleo.

Y es que la geopolítica puede ayudarnos a entender la situación actual en la región. En su disputa con China por las tierras raras, Trump es consciente de que América Latina concentra en sus entrañas buena parte de estos minerales. No tendrá ningún problema en controlar el litio argentino, mientras Javier Milei continúe al frente del país. Tampoco tendrá mayores obstáculos para abordar un giro en la relación con Bolivia, país enormemente rico en litio y otros minerales, tras la elección de Rodrigo Paz como presidente. El petróleo venezolano gana valor en este contexto de transición energética global.

En este tablero, falta Brasil. Llama la atención el silencio del presidente Lula da Silva. Al frente de la principal potencia regional, es evidente que su voz tendría capacidad disuasoria sobre aventuras bélicas en la región. La única explicación pasa por asumir que ha optado por la vía del diálogo directo con Trump, con quien se vio esta misma semana en Malasia, en la defensa de su propio interés nacional. Sin embargo, si esa posición se mantiene, el resultado será una América del Sur fragmentada, donde cada gobierno lo supedite todo a su interés nacional concreto. Pero el coste de esa estrategia no será menor y el silencio ante Trump puede tener también derivadas internas. El gobernador bolsonarista que ordenó el pasado martes la incursión en una favela de Río de Janeiro y que se saldó con más de 130 muertos, muchos de ellos jóvenes con tiros en la nuca, hizo suya, precisamente, la justificación de Trump: “todos eran narcotraficantes”.

El caso Petro demuestra que la defensa de la democracia latinoamericana no pasa por complacer a Trump, sino por recuperar el valor de la política. La democracia no puede depender de la aprobación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ni de los intereses de turno de una administración. Si los pueblos eligen libremente, ningún buró financiero debería tener la potestad de atentar contra esa voluntad. De lo contrario, lo que se destruye no es solo un gobierno o a un presidente, sino la idea misma de que la política pueda ser algo distinto de una sucursal del poder ajeno.