El mercado inmobiliario español presenta en estos momentos una tensión estructural marcada por un claro desfase entre oferta y demanda. Tal como ha advertido el Banco de España, el país afronta una carencia que podría ascender a unas 700.000 viviendas para cubrir las necesidades actuales y previstas hasta 2025. Esta insuficiencia se manifiesta especialmente en los grandes núcleos urbanos y en aquellas zonas con alta demanda migratoria o población flotante, lo que está ejerciendo un poder inflacionista creciente sobre los precios residenciales. La falta de políticas coordinadas entre administraciones ha dificultado además la respuesta pública ante un problema que se ha vuelto sistémico.

Por otro lado, la concentración de la propiedad en determinados perfiles, como fondos de inversión, so

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