Una intervención inopinada de la Contraloría General de la República, la Fiscalía en Prevención del Delito, y el Congreso de la República en las instalaciones de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) Integral de Agua y Alcantarillado de Juliaca reveló graves irregularidades en el manejo presupuestal, la millonaria contratación de personal que gana de S/9 a 20 mil; en sumatoria 4 millones en planillas, y el avance físico del proyecto con serias observaciones.

La visita, liderada por el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Carlos Zeballos, buscó verificar denuncias sobre el uso de fondos públicos, la caja chica, y la falta de transparencia en un proyecto que maneja más de S/1,700 millones y beneficia a más de 217 urbanizaciones. ¿QUÉ PASÓ? La UCP Juliaca, habría

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