La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de revocar la detención domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez reconfiguró el escenario judicial en uno de los procesos penales más seguidos de Colombia.

La jueza Sandra Heredia había condenado al líder político del Centro Democrático por soborno a testigos y fraude procesal, imponiendo una pena que superó incluso la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y ordenando su detención inmediata en el domicilio. Sin embargo, la intervención del Tribunal en segunda instancia modificó de manera sustancial el curso del caso.

Los magistrados que revisaron la tutela presentada por la defensa de Uribe Vélez concluyeron que la jueza Heredia se excedió en sus atribuciones y desatendió elementos fundamentales del proceso.

Ahora puede

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