El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su descontento con la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió al expresidente Álvaro Uribe de los cargos de fraude procesal y soborno. Petro utilizó sus redes sociales y la televisión pública para criticar a los magistrados, acusándolos de prevaricación y de favorecer a Uribe con intereses ilícitos. "Siempre hay un 'cartel de la toga' para exonerar al gran poder político aliado al narcotráfico y de allí su consecuencia más grave: el genocidio del pueblo colombiano", afirmó en su cuenta de X.

La decisión del tribunal, liderado por la juez 44 Penal del Circuito, Sandra Heredia, fue calificada por Petro como un error que contradice un fallo anterior que había condenado a Uribe. El presidente recordó hechos históricos y mencionó incluso al expresidente estadounidense Donald Trump en su crítica. En sus declaraciones, Petro subrayó que el tribunal había desestimado la interceptación judicial que involucraba a Uribe, sugiriendo que esto era una violación de la intimidad.

Los abogados de Uribe respondieron a las críticas de Petro, señalando que sus comentarios podrían ser considerados como una intimidación hacia la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Hermes Lara, del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, calificó de "inadmisible" que el presidente critique públicamente decisiones judiciales, argumentando que esto va en contra del principio de separación de poderes y la independencia judicial.

El abogado Víctor Mosquera llevó la preocupación sobre las declaraciones de Petro a la atención de la ONU, argumentando que los ataques públicos del presidente constituyen una violación del deber estatal de proteger a los jueces de cualquier forma de presión. Mosquera advirtió que la situación podría afectar la percepción de justicia en Colombia, señalando que "ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, o si hay justicia, o si los carteles de la toga siguen manejando esto".

La Corte Suprema deberá ahora estudiar el recurso de casación presentado por la Fiscalía en contra de la decisión del Tribunal Superior, en un contexto marcado por la tensión entre el Ejecutivo y el poder judicial en Colombia.