La Fiscalía archiva una denuncia por administración desleal contra el decano, Eugenio Ribón, tras desvelar sus pesquisas que el director jurídico del ICAM cobraba 200.000 euros y que su despido sirvió para añadirle una indemnización de 100.000 justo antes de regresar a la Abogacía del Estado y jubilarse

La Fiscalía investiga si el decano de la Abogacía madrileña pagó 100.000 euros a un colaborador en un despido simulado

La Fiscalía de Madrid ha archivado una denuncia contra Eugenio Ribón, decano de la Abogacía Madrileña, por la indemnización pagada al director del servicio jurídico del Colegio en concepto de “despido improcedente” cuando, según los denunciantes, se trató de una salida acordada. Antes de decretar el archivo de la denuncia, el fiscal encargado ha recabado información según la cual el ex director del servicio jurídico del ICAM Pedro Lescure ganó más de 200.000 euros por ejercicio durante 18 años y que su indemnización, a pocos meses de jubilarse, superó los 100.000.

El despido de Pedro Lescure fue trasladado a la junta del ICAM el 20 de marzo de 2024. Pese a que otros asuntos tratados en la reunión resultaron polémicos, el despido del director del servicio jurídico no fue objeto de debate aquel día. Se limitó al anuncio realizado por Eugenio Ribón de que Lescure había sido sometido a un “despido indemnizado”, al igual que otra trabajadora. La indemnización a ambos ascendería a 163.742 euros.

La Asociación Libre de Abogados exponía en su denuncia varios acontecimientos que hacían desconfiar de los motivos aducidos por el ICAM para despedir a su director jurídico. En la documentación recabada por el fiscal, y que desconocían los colegiados, el ICAM alegaba “desfase o desajuste” del director del servicio jurídico respecto de la informática, la digitalización o las nuevas tecnologías.

La supuesta falta de destreza del director jurídico con los avances tecnológicos no había resultado un obstáculo para que unos meses antes, en septiembre de 2023, el ICAM le concediera la medalla de colegiado de honor por un “cúmulo de méritos subjetivos, valores y servicios prestados”, así como “en reconocimiento a su trayectoria, dedicación y desvelos en pro de esta institución”.

Un mes antes de que Ribón pusiera en conocimiento de la junta el despido, Pedro Lescure abrió el acto del 50 aniversario de la Ley de Colegios Profesionales, en el que ya fue presentado como Abogado del Estado en ejercicio y ex secretario general del ICAM. Pese a su reciente despido, el Colegio de Abogados le invitaba a inaugurar unas conferencias.

El motivo aducido para su despido tampoco casa con que el 19 de junio de 2023 conste un acta en el que se informa a la junta de un plan estratégico de sucesión en la Secretaría General y Dirección de Gabinete del Decano, lo que apunta a que “la sustitución ya estaba programada tiempo atrás”, según la denuncia de ALA. El 8 de mayo de 2024, Pedro Lescure ya estaba reincorporado a la Abogacía del Estado, concretamente en la Dirección General de lo Contencioso ante la Audiencia Nacional. Tenía 64 años y en unos meses se jubilaría desde la situación de servicio activo.

El decreto de archivo de la denuncia incluye el siguiente razonamiento del fiscal: “Sin entrar a valorar si es dejadez, desidia, déficit de asimilación a nuevas tendencias, desapego o ineptitud sobrevenida (conceptos empleados en la carta de despido) lo cierto es que se expresa y manifiesta desde la representación del ICAM una serie de circunstancias en relación a un trabajador y tachas en ciertas esferas de su actividad”.

Por tanto, el ICAM esgrimió razones para el despido que “no parecen extrañas ni infrecuentes cuando se trata de nuevas tecnologías y personas en el ocaso de su vida laboral”, según recoge el fiscal al argumentar su rechazo a denunciar los hechos ante un juzgado.

El fiscal San Baldomero deja en su decreto de archivo una puerta abierta a la petición de explicaciones por parte de los denunciantes en el seno del ICAM, fuera de la vía penal. “Las circunstancias internas sobre la toma de decisión, pertinencia de la decisión, idoneidad del relevado, o de quien le haya podido sustituir, o de los cambios que puedan haberse introducido en el organigrama del ICAM entendemos que no nos corresponde abordar en este foro, sin perjuicio de las actuaciones que puedan de información o control que puedan corresponder o instar los miembros del mismo en otros ámbitos”, escribe el representante del Ministerio Público.

Ni malversación ni apropiación indebida

El fiscal de Delitos Económicos de Madrid rechaza que se produjera malversación de fondos públicos porque la indemnización estuvo sufragada “con fondos privados del Colegio, nunca públicos”. La denuncia planteaba un delito alternativo de apropiación indebida, que igualmente rechaza el fiscal porque “la idea de perjuicio [al ICAM] no aparece constatada con nitidez”.

Argumenta la Fiscalía que el despido se resolvió con una indemnización de 107.642 euros cuando podría haber alcanzado los 397.791,68 euros. “No puede presumirse ni afirmarse categóricamente como lesivo para la entidad, teniendo en consideración la eventual indemnización que pudiera haberle correspondido en caso de resolución desfavorable y también el importante presupuesto que gestiona el ICAM”, alega el fiscal.

El Colegio de Abogados de Madrid ha vivido en el pasado otras polémicas relacionadas con la gestión de sus fondos y contratos desorbitados. Ocurrió con motivo del despido del periodista Alfonso Merlos, cuando trascendió que quien facturaba, a través de una sociedad, un total de 181.500 euros anuales al ICAM por encargarse de la comunicación del Colegio. En aquel momento, el ICAM estaba presidido por José María Alonso.

Cuando elDiario.es consultó al ICAM por la denuncia de ALA respecto al despido del director jurídico, un portavoz del Colegio de Abogados describió a los denunciantes como “una asociación minoritaria de abogados, de marcado signo político”. “Pretender transformar un acto de conciliación por despido, enmarcado en la absoluta normalidad en las relaciones laborales, en indicios penales, supone tergiversar la realidad jurídica de lo acontecido con claros fines espurios”, añadió.