En los últimos años la violencia política en razón de género (VPRG) se ha convertido en uno de los temas más controvertidos en la intersección entre el derecho electoral, los derechos humanos y la libertad de expresión. Su incorporación en la legislación mexicana respondió a la necesidad de proteger a las mujeres frente a prácticas discriminatorias persistentes en la vida pública, pero su ejercicio práctico plantea tensiones profundas. Cada vez más resoluciones judiciales la reconocen como tipo penal y como infracción administrativa. La pregunta central sigue abierta: ¿cómo asegurar la eficacia de esta figura sin debilitar el núcleo protector de la libertad de expresión, especialmente la ejercida con fines periodísticos y de interés público? Veamos.

Primero. El punto de partida es trazar

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