El abogado Luis Roberto Barranzuela Vite ha renunciado a la defensa legal de la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, tras conocerse que esta solicitó asilo en la embajada de México. La renuncia se produjo durante una audiencia judicial relacionada con el proceso que enfrenta Chávez por el presunto delito de rebelión, vinculado a los eventos del fallido autogolpe de diciembre de 2022. Barranzuela comunicó su decisión al tribunal, indicando que había intentado comunicarse con Chávez sin éxito. "Señora magistrada, quería generar un incidente. Es de conocimiento público que la señorita ha sido asilada en la embajada de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, quiero dejar constancia de que hemos intentado comunicarnos con la señorita Betssy Chávez hasta el día de ayer, sin obtener respuesta", declaró. Chávez, quien fue jefa del Gabinete Ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo, enfrenta un proceso judicial por su supuesta participación en el intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022. Actualmente, se encontraba bajo detención domiciliaria, una medida que podría verse afectada por la confirmación de su asilo político en la embajada mexicana. La situación ha generado un fuerte impacto en el ámbito político nacional. El gobierno de Claudia Sheinbaum aceptó la solicitud de asilo de Chávez, argumentando razones humanitarias y el derecho internacional. Esto provocó que el gobierno de José Jerí rompiera relaciones diplomáticas con México, acusando a este país de interferir en asuntos internos. Durante la audiencia, Barranzuela explicó que no pudo continuar con la defensa de Chávez debido a la falta de comunicación. "Ayer, yo me he comunicado a su teléfono, al teléfono que tengo, a la 1:21 y no me contestó. Luego, ya tomé conocimiento por los medios de comunicación de que había sido asilada en la embajada mexicana", afirmó. A pesar de su renuncia, Barranzuela se comprometió a permanecer en el caso hasta que se designe una defensa pública para Chávez. En la misma audiencia, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema decidió no declarar a Chávez como reo contumaz, lo que significa que no se emitirá una orden de captura en su contra por el momento. La ex primera ministra enfrenta serias acusaciones, y la Fiscalía ha solicitado una pena de 25 años de prisión, considerándola presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado. La situación de Betssy Chávez sigue siendo un tema candente en la política peruana, con implicaciones significativas para el futuro de su defensa y su estatus legal.