Alberto González Amador atribuye a la filtración de un correo su supuesta ruina personal al tiempo que obvia el origen de sus problemas: las declaraciones fraudulentas para no tributar por una comisión de dos millones en mascarillas que luego le ha traído otros problemas con la justicia

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El empresario y comisionista Alberto González Amador señaló este martes en el juicio del Tribunal Supremo a quien considera que le ha “destrozado la vida”: el fiscal general del Estado. Relató una ruina profesional consecuencia de la publicación de un correo en el que su abogado reconocía que había cometido dos delitos fiscales. No se refirió, en ningún caso, al origen de la investigación judicial que se sigue contra él, la misma que ha acreditado que decidió no pagar lo que debía a Hacienda cuando su facturación creció exponencialmente. O que utilizó 15 facturas falsas para consumar el engaño, como reveló elDiario.es. Ni que está imputado por encubrir el reparto con su socio de la comisión de dos millones en mascarillas que había catapultado su carrera.

González Amador tiene dos procedimientos abiertos en el juzgado. En el primero, está pendiente de una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid para acabar en juicio. Se enfrenta a una petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de 3 años y 9 meses de cárcel por haber defraudado a Hacienda 350.951 euros en dos ejercicios fiscales en concepto de Impuesto de Sociedades. Son dos delitos de fraude fiscal en concurso con uno de falsificación de documentos, las facturas que hizo pasar por trabajos que nunca había hecho.

En el segundo procedimiento, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elaboró un informe sobre la compra que realizó por medio millón de euros de una sociedad que apenas facturaba 30.000. La Fiscalía, la acusación popular y el juez creen que se trataba en realidad del pago encubierto de la parte de la comisión que correspondía a su socio Fernando Camino, presidente de Quirón Prevención. Camino habría facilitado la comisión de dos millones de euros en material sanitario, en los inicios de la pandemia. Con el dinero en la cuenta, González Amador no quiso pagar tantos impuestos como le correspondían por su despegue empresarial. Esta pieza separada le supone su imputación por corrupción en los negocios y administración desleal.

Nada de esto ha contribuido a la penosa situación personal que describió González Amador ante el Tribunal Supremo, según el empresario. “Entre la nota de la Fiscalía y la publicación del email posteriormente, en El Plural y un montón de medios, yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Yo era el delincuente. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente, me había destrozado por completo”, insistió la pareja de Ayuso durante su declaración.

Alberto González Amador afirma que su desgracia arrancó el 13 de marzo de 2024 con la publicación en varios medios de una información veraz, que fue su abogado quien había ofrecido un pacto a la Fiscalía que pasaba por reconocer los delitos cometidos, y no al revés, como había difundido Miguel Ángel Rodríguez con la información que el propio empresario y comisionista le había facilitado.

En realidad, su futuro comenzó a torcerse mucho antes, en los inicios de la pandemia de 2020, con la firma de un contrato de intermediación que empezó a dar sus frutos unos meses después. El 5 de mayo de 2020 constan 834.320 euros de ingresos de su empresa principal bajo el concepto “comercialización de clientes” y la misma referencia figura el 5 de agosto de ese ejercicio para justificar otros 1.138.680 euros. Casi dos millones por haber puesto en contacto a dos empresas españolas para una compraventa de material sanitario por un monto de 42 millones de euros.

Con el tiempo se sabría que la empresa compradora, Mape, tenía en su consejo de administración a Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención, principal cliente de González Amador. El empresario multiplicó por cuatro su facturación con Quirón Prevención en 2021, el año que comenzó su relación con la presidenta madrileña. El Grupo Quirón factura alrededor de 1.000 millones de euros anuales a la Comunidad de Madrid.

Pero antes de la presunta corrupción en los negocios estuvieron los dos fraudes fiscales. La funcionaria de la Agencia Tributaria, a la que el empresario quiso citar por su nombre en varias ocasiones en el Supremo, declaró en el juzgado que investiga a González Amador. De forma didáctica explicó el origen de las desgracias del empresario: “El hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo. Lo que es llamativo es que baja la tributación, es decir, incrementando de forma tan considerable los ingresos no nos resulta lógico que baje la tributación. En 2019 tuvo unos ingresos de 375.000 euros aproximadamente. Si paso a tener 2.330.000 tendré que incrementar la cuota ante la Hacienda Pública… y nos damos cuenta de que no”.

Diecinueve meses de investigación a un empresario anónimo dejaron unas cuantas conclusiones sustantivas a la Agencia Tributaria. Una de ellas es que utilizó 15 facturas falsas para perpetrar el engaño. Otra es que el engaño era de tal magnitud que no se trataba de una infracción fiscal sino de dos delitos por sendas defraudaciones en el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 (155.000 euros) y 2021 (195.951,41 euros). En ambos casos, defraudaciones superiores a los 120.000 en que la Ley sitúa el umbral del delito.

¿Puede afirmarse que la “desgracia” de González Amador es común? ¿Se cebó el “aparato del Estado” con la pareja de Ayuso? Muchos empresarios son investigados por defraudar en el Impuesto de Sociedades. Pero solo el 1% lleva su engaño hasta más allá de los límites del delito. El asunto acabó en la Fiscalía, encargada de querellarse.

El fraude, junto a la presidenta

La Agencia Tributaria establece como plazo para la presentación del Impuesto de Sociedades los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Eso significa que la declaración del año 2020 se debe presentar en los 25 primeros días de julio de 2021. La primera noticia de la relación sentimental entre Ayuso y el empresario se remonta a mayo de 2021, cuando una revista del corazón documentó un reciente viaje a Ibiza de la pareja. Esto implica que ya cuando presentó la primera declaración falseada, Alberto González Amador mantenía una relación estable con la presidenta madrileña.

Las tripas del informe de Hacienda revelan otro dato en este sentido. Las inspectoras tiraron del hilo y se adentraron en 2021. De junio de ese año data la factura de más de 900.000 euros por un trabajo en Costa de Marfil que nunca se realizó. La presunta factura falsa es de después del viaje de la pareja que confirmó su relación. Es el 10 de octubre de ese año cuando la sociedad de González Amador, de nombre Maxwell Cremona, “registran contablemente y deducen fiscalmente” una factura por una intermediación en la venta de vacunas que nunca se llegó a producir , recoge el informe de Hacienda.

“Quiero que quede claro que, a raíz de la revelación del fiscal general, me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, culminó su declaración Alberto González Amador. La opción de salir del país no evitaría que continúen los dos procedimientos que tiene abiertos en el juzgado.