En el juicio del fiscal general, el jefe de gabinete de Ayuso ofrece su repertorio de costumbre: acusaciones gravísimas contra la Fiscalía basadas en deducciones y ataques a los periodistas. González Amador opta por dar la imagen penosa de un hombre destruido por las autoridades

Miguel Ángel Rodríguez defiende en el Supremo su bulo sobre la confesión de la pareja de Ayuso: “No tengo ninguna fuente”

Todos los juicios deberían tener un Miguel Ángel Rodríguez. No sería muy bueno para la Administración de Justicia, pero ofrecería espectáculo, revelaciones escandalosas sin más pruebas que intuiciones y eso en el mejor de los casos, y ataques rabiosos a los periodistas que han hecho su trabajo. Sin duda, pondría a prueba la atención de los magistrados, que tienen que saber que se la pueden colar en cualquier momento. Si te descuidas, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso te convence de que Kennedy se suicidó mientras él empuña un fusil humeante.

Rodríguez, también conocido en medios periodísticos como MAR, hizo en su declaración en el juicio del fiscal general las graves acusaciones que se han escuchado a Díaz Ayuso contra la fiscalía y el Gobierno por la investigación de los presuntos delitos fiscales cometidos por su novio. MAR ofreció un repertorio poco habitual en el Tribunal Supremo. Con total descaro, fundamentó su declaración en aspectos tan subjetivos como la intuición o la deducción. Otros testigos se ven obligados a referirse a hechos y los presidentes de los tribunales no les permiten meterse en comentarios o especulaciones. Con MAR, el repertorio es mucho mayor y más colorido.

En primer lugar, la afirmación fantástica. Alberto González Amador, pareja de Ayuso “es un español que ha llegado a un acuerdo con Hacienda y que Hacienda no ha permitido”. Así, sin más. Lo primero es falso (no dio tiempo a culminar esa negociación). Lo segundo, también.

Eso se llama trazar el perímetro de la conspiración. ¿De dónde saca que se impidió al fiscal que llegara a un acuerdo con el abogado de Amador con “órdenes desde arriba”? Muy sencillo: “Es una deducción lógica, porque la fiscalía es un órgano jerárquico”. Esto último es cierto en un sentido formal. Eso no quiere decir que todos los fiscales de España no mueven un papel hasta que el fiscal general dé el visto bueno.

La abogada del Estado, que realiza la defensa de Álvaro García Ortiz, le preguntó después en qué basaba su acusación sobre la falsa retirada del acuerdo por órdenes de los superiores del fiscal Julián Salto, que él negó el lunes que hubieran existido. La respuesta de MAR fue: “Artículo 2 de la Ley 50/1981. El estatuto del fiscal es jerárquico”. No les llamó siervos del sanchismo, pero la intención era esa. La clase de golpes de efecto que funcionan en las tertulias televisivas y que parece que están llegando a los juicios.

No es posible saber qué efecto tendrá este estilo en los magistrados que componen el tribunal. Su presidente, Andrés Martínez Arrieta, no creyó oportuno recordar a Rodríguez que no todos los fiscales se dedican a cumplir órdenes del Gobierno para perseguir a sus rivales políticos.

En otras ocasiones, no tuvo inconveniente en admitir que no había que hacerle mucho caso. “Es un mensaje sin apoyo de ninguna fuente. Soy un periodista o político. No soy un notario que necesite una compulsa”, dijo. Le leyeron varios de sus mensajes en Twitter, incluidos los que lanzaban acusaciones falsas. “Un mensaje de Twitter no es una declaración legal”. Eso sorprenderá a todos los jueces y fiscales que han investigado a personas por sus tuits y presuntos delitos de difamaciones o incitación a la violencia. Pero los de MAR no hay que tomarlos en serio, sobre todo los que dicen “pa'lante”.

Rodríguez tuvo tiempo también para una de sus especialidades desde sus años en los gobiernos de Aznar. Atacar a medios de comunicación e insultar a periodistas. En la instrucción, había mentido al afirmar que eldiario.es no se había puesto en contacto con él antes de publicar la primera información sobre los problemas fiscales de González Amador. En el juicio, optó por una interpretación más irrisoria, al señalar que había confundido a este diario con El Plural. El periodista que tuvo un intercambio de whatsapps desde las 21.50 hasta las 22.42 se identificó por escrito como miembro de esta redacción.

“No son horas de llamar a nadie”, dijo en una de esas respuestas cargadas de sarcasmo que el magistrado Arrieta le permitió. Como la abogada del Estado respondió con otro toque irónico, el presidente llamó la atención a la defensora de García Ortiz, pero no a MAR.

“Tengo muchas cosas que hacer antes de atender a un periodista izquierdista, de naturaleza activista. Suelen ser agresivos”, comentó. A Rodríguez le duele que fuera este diario quien diera la noticia que él y su jefa pensaban que no iba a trascender, que la Agencia Tributaria había descubierto que Amador le debía 350.000 euros y que había puesto los hechos en conocimiento de la fiscalía.

Después compareció González Amador, preparado para cumplir su papel en la obra, el de hombre que ha sufrido lo que no está escrito. Se describió como un hombre que ha sido destruido por las abyectas maniobras de los enemigos de su pareja, no como un hombre sospechoso de cometer dos delitos fiscales, por utilizar el número que mencionó su abogado. “Pasé a ser el delincuente confeso del reino de España”, dijo culpando a la nota de la Fiscalía General y las informaciones del caso. “El fiscal general del Estado me había matado”.

Su abogado, Carlos Neira, “me dijo que tu derecho de defensa estaba roto”. Entre el público, en buena parte personal de la Fiscalía General, se oyeron en ese momento murmullos de desaprobación y una persona golpeó el banco en el que estaba sentado.

Amador no podía parar y subió la temperatura. Dijo que “todo el cuerpo fiscal va a por mí”. Estaba diciendo que no puede tener un juicio justo en España. Lo remató con un argumento disparatado. “No tengo ninguna duda de que voy a ser condenado”. De alguna manera, ha olvidado que son los jueces los que dictan las condenas en España, no los fiscales.

Se acabó su declaración y el magistrado se disponía a convocar un receso de diez minutos antes de llamar al último testigo. Amador no había tenido suficiente. Creía que tenía derecho a un último alegato, una especie de 'minuto de oro' como los debates de las campañas electorales. Arrancó a hablar y, aunque no venía a cuento, destacó que se ha gastado 9.800 euros en abogados para reclamar por la “obra legal” de su casa, donde vive Ayuso, y que el Ayuntamiento, condenado a asumir las costas, sólo le ha pagado 4.000.

Siguió quejándose y llegó a la frase que es de suponer que pretendía colar en titulares y tertulias: “O me voy de España o me suicido”. Drama total. No concretó si la presidenta de Madrid le acompañará en una de las dos opciones. El juez Arrieta le interrumpió para decirle que no le recomendaba ninguna de las dos alternativas y que en todo caso lo consultara con su abogado. Este último consejo siempre es el más conveniente.

El fiscal general es el acusado en este juicio. Amador estaba enviando un mensaje claro a los magistrados. Sabe que si el fiscal general es declarado culpable, el procedimiento judicial contra él tendrá que quedar muerto y enterrado por su indefensión. Esa es la segunda parte de este juicio y también una de las razones por las que se está celebrando.