El Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac ha ordenado la suspensión inmediata del cobro de peajes en las casetas de Villa y Punta Negra, gestionadas por Rutas de Lima. Esta decisión se produce tras la reanudación del cobro por parte de la empresa el pasado domingo, bajo el argumento de que una apelación en curso les permitía continuar con la recaudación.

La resolución judicial se emite a pesar de que el recurso de apelación sigue activo en la Sala Penal de Lima Sur. La medida se deriva de un proceso de habeas corpus presentado por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar, que argumentó que se estaban vulnerando los derechos de libre tránsito de los ciudadanos. La jueza Patricia Romero Medina, a cargo del caso, ha dejado claro que Rutas de Lima S.A.C. debe detener el cobro de peajes, advirtiendo que se enfrentarán a multas consecutivas si no cumplen con la orden.

"Ordeno al demandado Rutas de Lima S.A.C. que suspenda el cobro de los peajes de Villa y Punta Negra", establece la resolución. Este conflicto se originó tras una decisión anterior del 13 de octubre, donde el mismo juzgado había declarado parcialmente fundada la demanda de la municipalidad, exigiendo la suspensión del cobro. Sin embargo, Rutas de Lima decidió apelar y reanudar la recaudación.

El abogado Wilber Medina, representante legal de la Municipalidad Metropolitana de Lima, explicó que la nueva orden judicial responde a una solicitud formal del alcalde de Santa María del Mar. Medina argumentó que la ejecución inmediata no causaría un daño irreversible a la concesionaria, ya que cualquier monto no recaudado podría ser reclamado posteriormente en arbitraje, junto con intereses y otros daños.

"La suspensión puede levantarse si el proceso concluye desfavorablemente para la municipalidad", añadió. Rutas de Lima había sostenido que la sentencia carecía de efectos ejecutivos debido a la apelación vigente, argumentando que forzar la ejecución causaría "perjuicios económicos desproporcionados". Sin embargo, el fallo judicial dejó claro que la ejecución inmediata es inimpugnable y debe llevarse a cabo sin demora.

La orden judicial también establece que la Secretaría del juzgado debe formar un incidente procesal para trasladar todas las actuaciones relacionadas con la ejecución al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, que se encargará de continuar con el trámite de la medida. La suspensión del cobro de peajes entrará en vigencia tras su notificación oficial, y cualquier incumplimiento podría resultar en sanciones económicas para la empresa concesionaria.

Este conflicto ha escalado en los últimos meses, convirtiéndose en un tema de gran relevancia para los usuarios de la red vial de Lima y las autoridades locales, que han solicitado la nulidad de los contratos de concesión, alegando abusos y falta de inversión en las vías. Según datos de la municipalidad, la recaudación por peajes genera sumas millonarias mensualmente, lo que hace que las decisiones judiciales tengan un impacto significativo en la sociedad y la economía.