El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo ha solicitado al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y al oficial mayor, Giovanni Forno, que presenten sus descargos por el presunto uso indebido de una cámara del Congreso durante un mitin de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el pasado 30 de octubre en Trujillo. La resolución, emitida el 4 de noviembre, establece que ambos funcionarios tienen un plazo de un día para responder a las acusaciones, bajo la advertencia de que se emitirá un pronunciamiento con o sin su absolución. Según los informes de fiscalización del JEE, Rospigliosi y Forno son considerados responsables de la infracción al principio de neutralidad electoral, ya que la cámara institucional fue utilizada en un evento político, lo que contraviene las normas que regulan el uso de bienes públicos. El informe N.º 38-2025-LCC-JEEPACASMAYO-EG2026/JNE señala que el oficial mayor no garantizó el uso adecuado de la cámara, lo que favoreció a Fuerza Popular. Por su parte, Rospigliosi, como máxima autoridad del Congreso, también incurrió en responsabilidad al no supervisar el uso de los bienes públicos bajo su custodia. El JEE ha indicado que, a pesar de la renuncia del trabajador del Congreso implicado, esta no exime de responsabilidades a Rospigliosi y Forno. El principio de continuidad del procedimiento sancionador permite que la investigación continúe, independientemente de la dimisión del funcionario. El 2 de noviembre, Rospigliosi minimizó el incidente, describiéndolo como una "falta" cometida por un trabajador, quien ya había renunciado. Sin embargo, el JEE ha enfatizado que la responsabilidad de los altos funcionarios no se elimina por la renuncia de un empleado. La situación ha generado un debate en el Congreso, donde algunos miembros de Fuerza Popular intentaron justificar la presencia de la cámara en el evento. La congresista Patricia Juárez cambió su postura, sugiriendo que el uso del equipo podría haber sido una confusión por parte del ex trabajador del Congreso. El caso se enmarca en las disposiciones sobre neutralidad durante procesos electorales, que son aplicables a todos los funcionarios públicos, y se espera que Rospigliosi y Forno respondan a las acusaciones en el plazo establecido.