Desde la decisión del presidente Miguel de la Madrid Hurtado en 1983 de incorporar a la seguridad nacional en el Plan Nacional de Desarrollo que definía el funcionamiento del Estado, la inseguridad pública anda a tontas y locas para saber en qué cajón institucional se debe de colocar.

La crisis en la Dirección Federal de Seguridad en 1985 cuando se reveló que la policía política del Estado controlaba a la delincuencia y sobre todo a los nacientes grupos de narcotraficantes que derivarían en el cartel simiente de Guadalajara de Miguel Ángel Félix Gallardo, la política de seguridad del Estado no ha representado un proyecto programático para enfrentar uno de los desafíos más graves a la estabilidad y la gobernabilidad interior –similar al de los salteadores de caminos en la época

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