Mientras el Gobierno avanza en el diseño de una nueva agenda de reformas estructurales, el desafío no sólo es económico, sino también social. En un país que acumula décadas de estancamiento y desigualdad, las transformaciones de segunda generación —en materia laboral, tributaria y previsional— solo tendrán sentido si logran traducirse en movilidad, inclusión y desarrollo humano.

El escenario político-económico abierto tras las elecciones de medio término ofrece, en este contexto, una oportunidad histórica para abordar en perspectiva de futuro la siempre postergada agenda de las deudas sociales.

Para no desaprovecharlo, resulta imprescindible un acuerdo político que otorgue contenido social al anunciado plan de reformas estructurales. Ello exige acuerdos distributivos y nuevos mecanismos

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