En la primera jornada del caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”, la Fiscalía Regional de Los Lagos ha presentado una acusación formal contra los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, pareja de la exjueza Ángela Vivanco. La Fiscalía ha detallado que los teléfonos incautados en la residencia de Vivanco fueron intervenidos para eliminar los chats que contenían. Los imputados enfrentan cargos por cohecho, soborno y lavado de activos. Según la acusación, habrían participado en una red de pagos ilícitos destinados a favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en litigios contra Codelco. Durante su tiempo como jueza, Vivanco habría recibido pagos ilegales a cambio de decisiones judiciales favorables al consorcio, canalizados a través de su pareja, Gonzalo Migueles, y gestionados por los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas. El fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, ha solicitado prisión preventiva para los tres imputados. En la audiencia, Muñoz afirmó: “El Ministerio Público va a solicitar, respecto de los tres imputados, la medida cautelar de prisión preventiva en cuanto a los elementos normativos de los tipos penales de cohecho del Artículo 248; así como también de los delitos de soborno y de lavado de activos”. Un punto crítico surgió durante la audiencia, donde se reveló que los teléfonos de Vivanco habían sido manipulados para borrar todos los mensajes. La Fiscalía acusó que una persona se ofreció específicamente para realizar esta eliminación. Como parte de la evidencia, se presentó una interceptación telefónica entre el notario Claudio Barrena y el conservador de bienes raíces Sergio Yaber. En esta conversación, Barrena menciona que “este hueón le debió haber pasado 1 o 2 palitos de dólares a la Ángela por el tema del Consorcio Belaz Movitec”. Yaber responde con sorpresa y preocupación sobre la situación legal de Vargas, sugiriendo que deben distanciarse de él debido a la investigación. La audiencia también generó un debate sobre si Codelco puede ser considerada víctima en este caso. La Fiscalía argumenta que la empresa estatal fue perjudicada por fallos judiciales favorables al consorcio, obtenidos mediante sobornos. La formalización de los tres imputados continuará este sábado a las 10:00 horas, donde se espera que la Fiscalía presente más pruebas para sustentar su solicitud de prisión preventiva por los delitos mencionados.