La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado este jueves el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso , por la presunta comisión de dos delitos fiscales en concurso medial con otro de falsedad documental.

El tribunal ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa , que denunciaba la vulneración de derechos fundamentales al no habérsele permitido practicar « ninguna de las diligencias de investigación interesadas en tiempo y forma».

La Sección Tercera de la Audiencia ha confirmado así el auto de procedimiento abreviado dictado el pasado mes de mayo por el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. Esta resolución supone un paso definitivo hacia la celebración del juicio oral contra el empresario por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021.

El recurso presentado por González Amador y la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el fomento del Medioambiente S.L. solicitaba la nulidad de la resolución judicial. La defensa argumentaba que «dicha fase del procedimiento penal se ha llevado a cabo sin permitir a dicha parte recurrente la práctica de ninguna de las diligencias de investigación interesadas en tiempo y forma».

Según consta en el auto, la defensa consideraba que con ello «se han eliminado sus derechos fundamentales de defensa y a la tutela judicial efectiva, reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española».

Entre las diligencias denegadas figuraban las declaraciones de testigos y la ratificación pericial de un informe tributario presentado de forma extemporánea. La Sala ha recordado que estas pruebas «no resultan estrictamente necesarias ni útiles para esclarecer los hechos objeto de investigación».

La resolución concluye de manera diáfana: «En base a lo expuesto, denegada la práctica de las diligencias de investigación interesadas por la parte recurrente, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto contra el Auto de Procedimiento Abreviado con la consiguiente confirmación de dicha resolución al haber concluido la fase de instrucción».

Peticiones de condena

El pasado mes de septiembre, el juzgado acordó la apertura de juicio oral respecto a la pareja de Ayuso y otros cuatro investigados en el procedimiento judicial.

En su escrito de acusación, el fiscal y el abogado del Estado solicitan tres años y nueve meses de cárcel para González Amador por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. La acusación que ejercen el PSOE y Más Madrid eleva la petición de pena a cinco años de prisión al incluir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.

González Amador se sentará en el banquillo de los acusados por un delito contra la Hacienda en relación al impuesto sobre sociedades del ejercicio 2020 en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. También responderá por otro similar en relación al ejercicio 2021 .

De igual modo, se le juzgará por un delito continuado contable y otro delito de pertenencia a grupo criminal , según las acusaciones particulares.

Antecedentes del caso

La investigación se inició tras detectarse irregularidades en las declaraciones tributarias de las empresas vinculadas al empresario. La Agencia Tributaria elaboró informes periciales que, según la instrucción, pusieron de manifiesto «la extensa y pormenorizada investigación llevada a cabo por peritos imparciales».

El caso ha adquirido especial relevancia mediática por la vinculación del investigado con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde el inicio de las diligencias, la defensa ha mantenido que se trata de una persecución política y ha insistido en la necesidad de realizar pruebas adicionales para demostrar la inocencia de su cliente. En paralelo se está desarrollando el juicio en el Tribunal Supremo en el que se confirma que era un caso más de conformidad sin condena de cárcel y penas mínimas hasta que vieron que el investigado tiene una relación con una alto dirigente del Partido Popular y la Comunidad de Madrid.

La instrucción ha estado marcada por múltiples recursos y dilaciones . El empresario ha alegado reiteradamente que no se le han permitido ejercer sus derechos de defensa de manera efectiva. No obstante, los tribunales han considerado suficientes los indicios recabados durante la fase de investigación.

Con el tribunal de la Audiencia Provincial cerrando la puerta a nuevas diligencias y ratificando el procesamiento, el empresario González Amador se enfrenta ahora a un juicio oral con peticiones de cárcel que oscilan entre los tres años y nueve meses y los cinco años de prisión , mientras el reloj de la justicia avanza inexorable hacia un desenlace que él mismo ve con pesimismo, a tenor de su declaración en el Supremo hablando de un suicidio o una salida del país.