Pasó casi por debajo del radar para todos, menos para los sindicalistas. En medio del debate sobre la letra chica de un borrador con una reforma laboral, el Gobierno efectivizó la semana pasada el primero de los tres pagos de $20.000 millones a las obras sociales en concepto de reintegros por tratamientos y medicamentos que suelen ser subsidiados. Existe un compromiso oficial de abonar los $40.000 millones restantes antes del fin de año. El giro de Javier Milei de querer regularizar ahora la histórica deuda que el Estado mantiene con las prestadoras médicas sindicales siembra dudas en la negociación tripartita que se abrió entre la Casa Rosada, los empresarios y la CGT por la modificación de la legislación laboral.

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