La plataforma Derecho al Techo de Canarias ha denunciado este sábado que una familia de Ingenio (Gran Canaria) con seis hijos será desahuciada , después de que el juzgado haya reactivado el procedimiento paralizado en septiembre al no reconocer su situación de vulnerabilidad.

El desahucio, promovido por el fondo buitre Promontorio Yellowstone, podría ejecutarse el jueves 13 de noviembre, lo que deja nuevamente a la familia en una situación de incertidumbre sobre su futuro y su seguridad.

La abogada de la plataforma, Isabel Saavedra, ha explicado a EFE que el juez considera que la familia no es vulnerable porque el padre trabaja y tiene un sueldo.

Sin embargo, la letrada cuestiona ese criterio, recordando que en Canarias, “con los precios por las nubes, un salario mínimo no alcanza para pagar un alquiler de 800, 900 o 1.000 euros y alimentar a seis hijos”, de entre 3 y 14 años.

El padre, Moisés Macías, percibe un salario mínimo como reponedor, empleo al que accedió tras renunciar a la incapacidad absoluta para poder trabajar, reduciéndola a una incapacidad total, ha explicado Saavedra.

“Lo que viene a decir el juez es que si el umbral de vulnerabilidad está en 1.600 euros y ganas 1.700, ya no lo eres”, ha lamentado Saavedra al subrayar que “no es lo mismo mantenerse una persona que ocho”.

La familia iba a ser desalojada el pasado 9 de septiembre, pero el desahucio se suspendió porque el juzgado no había resuelto un recurso presentado por la abogada, en el que pedía que se reconociera su vulnerabilidad.

Ahora, el tribunal ha desestimado ese recurso y ha fijado nuevamente el lanzamiento para el próximo jueves.

Según explicó el padre en septiembre, compró la casa en 2006 y pagó la hipoteca durante 14 años, hasta que su mujer perdió el trabajo apenas unos meses antes de la pandemia de la covid-19, cuyas restricciones le hicieron muy difícil conseguir otro empleo.

Con los ingresos limitados a una pensión de incapacidad y a un subsidio de paro, la pareja dejó de pagar el crédito hipotecario, pero ahora que tienen trabajo y tienen capacidad de saldar la deuda, el fondo que compró su deuda al banco le pide por su vivienda el 86% del precio que pagó por ella hace ya casi dos décadas, sin que se le reduzcan las cuotas abonadas durante 14 años.

La abogada ha presentado un nuevo recurso con la esperanza de que el desahucio vuelva a suspenderse si no se resuelve antes de la fecha prevista.

Y ha señalado que “el fondo buitre” que compró la deuda “presentó un escrito contra mi recurso diciendo que no se parara el desahucio argumentando que no hay vulnerabilidad y que la familia tiene ingresos para pagar otra vivienda”.

Saavedra ha denunciado también inacción por parte del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Ingenio, al señalar que “cuando se paralizó el desahucio se comprometieron a ponerse manos a la obra y conseguir una alternativa habitacional para la familia”.

“Ayer el concejal de vivienda y servicios sociales del Ayuntamiento de Ingenio, Lucrecio Suárez, dijo que no tenía ninguna vivienda para ellos”, ha agregado.

En cuanto al Ejecutivo autonómico, la letrada ha indicado que lo último que le comunicaron fue que se personarían en el juzgado el jueves, aunque no ha recibido aún ningún documento que confirme su asistencia.

Además, ha recordado que existe un convenio firmado entre la Federación Canaria de Municipios (Fecam), el Gobierno de Canarias y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que establece la suspensión de los lanzamientos cuando haya familias vulnerables, “algo que aquí no se ha cumplido”.

Según ha denunciado, “el juzgado no ha solicitado el informe de vulnerabilidad que establece la ley”.

Saavedra ha expresado la preocupación de que si la familia es desahuciada, los niños sean trasladados a un centro de menores.

“Nos encontramos con una situación mucho más allá de lo que es el derecho a la vivienda, es una problemática social, las administraciones públicas son quienes deben procurar y velar porque todo esto, de alguna manera, se pueda subsanar”, ha dicho.

“Ya no es cuestión de tener trabajo, es que un trabajador no puede acceder ya a los precios de alquiler. Sobre todo en Canarias, y en determinadas zonas de las islas, el tema turistificación, que no es el único factor, está influyendo muchísimo y subiendo muchísimo el precio”, ha aseverado.

La historia de Moisés y Raquel

Esta historia se remonta a 2019-2020, antes de que fuera declarada oficialmente la pandemia que sacudió al mundo entero. A Raquel y a Moisés y a sus entonces cinco hijos también les golpeó contra el suelo. Ella perdió su trabajo y ambos quedaron subsistiendo con la prestación del paro de Raquel y la prestación por incapacidad absoluta de Moisés, pagando una hipoteca por la casa que adquirieron en 2006. Con las complicaciones derivadas de la poca entrada de dinero en casa, Moisés decidió ir a su banco, La Caja de Canarias (hoy Caixabank), para pedir una renegociación del pago mensual de la hipoteca que se adaptara a la nueva situación económica de la familia numerosa. Caixabank, banco cuya deuda ha sido sufragada por un 15% de dinero público, es decir, de todos los españoles y españolas, es decir, también de Moisés y Raquel, lejos de ofrecer a la pareja  el código de buenas prácticas que contempla situaciones de impago de deuda de familias en riesgo de exclusión social , les dijo que no podía hacerse esa reducción de pago.

Sin pagar estuvieron Moisés y Raquel hasta que Moisés dio con una solución: cambiar su incapacidad de absoluta a total, para poder compaginar esa prestación con una nómina de reponedor en un supermercado. “Están bastante contentos conmigo”, cuenta Moisés. “Fui a Juan XXIII, donde está el tribunal médico, y les dije,  mire, yo cobro entre 870, 880 (euros), mi mujer está en paro, tenemos que dar de comer a cinco hijos , porque todavía es mi hija, la chiquitita, no había nacido”. Y así fue como Moisés renunció a la incapacidad absoluta para poder compaginar la total y llenar la nevera.

En el momento en que hacen a Moisés fijo en su trabajo, él se dirige a su banco, Caixabank, para, previa solicitud de un préstamo personal, “como si es a 20 años”, explica, pudieran pagar la deuda contraída por los meses de impago de la mensualidad de la hipoteca. Es entonces cuando, según cuenta, desde el banco le dicen que ya no les debe nada, que su casa ha sido vendida a un fondo de inversión.

Moisés asegura a este periódico que ellos no recibieron en ningún momento notificación de que la casa en la que vivía con sus seis hijos había cambiado de propietario. Ese propietario sin apenas rostro, Yellowstone Designated Activity Company, vuelve a requerir el lugar que hoy envuelve las vidas de ocho personas.