El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, liderado por Edwin Palma, anunció la puesta en marcha del mecanismo diferencial para el precio del diésel, una medida que corrige una injusticia histórica: durante años, el país subsidió de forma indiscriminada el combustible, beneficiando en gran medida a los hogares de mayores ingresos que a los más vulnerables.

El subsidio generalizado al diésel resultó ser una política regresiva e ineficiente, en la que el 10% de los hogares con mayores ingresos concentraba el 27,3% de los beneficios, mientras que el 10% más pobre recibía apenas el 2,8%. En otras palabras, los sectores de altos ingresos obtenían hasta diez veces el subsidio destinado a los hogares más vulnerables, a costa de recursos que podrían haberse destinado a educ

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