La Casa Rosada considera que las reformas estructurales proyectadas no tendrán efectos inmediatos y que el sector previsional no escapa a esa lógica. “Para poder hacer una reforma de ese estilo, no te dan los tiempos del mercado laboral para llegar al 2026”, explican en el Gobierno. Con suerte, podría concretarse en 2027, aunque es probable que se busque discutir los cambios jubilatorios en un eventual segundo mandato libertario.

En ese contexto, las autoridades sanitarias reconocen que el sistema actual limita la posibilidad de realizar grandes transformaciones. Aunque en la administración nacional predomina la doctrina de la “motosierra”, en ciertos organismos —como el PAMI— la aplicación de esa política es más flexible.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pens

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