La crisis de inseguridad que vive el Perú, cada día se agrava más. Entre enero y julio de 2025, se registraron más de 20 mil denuncias por extorsión, pero solo 11 sentencias condenatorias, según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). En paralelo, 284 personas permanecen en prisión preventiva sin condena, y los registros del Sidpol de la PNP elevan la cifra a 23 213 denuncias hasta octubre.

Los datos del INPE revelan la magnitud del problema: apenas 295 internos ingresaron por extorsión, de los cuales el 96 % no tiene sentencia firme. Mientras tanto, el Sinadef reporta 1895 homicidios hasta el 4 de noviembre, con Lima y Huaura entre las provincias más violentas. Ningún día ha cerrado sin víctimas. La situación refleja un colapso institucional que deja al Estado sin capacidad de sancio

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