Es el dilema en cualquier procedimiento penal. Es cierto que en unos casos existen pocas dudas, en uno u otro sentido, y en otros es difícil adjudicar la culpabilidad, aunque se tenga la certeza de ella. Nuestro sistema judicial es eficaz y garantista. Su mayor problema es la lentitud provocada por la incapacidad de los políticos de dotarlo de más recursos humanos y materiales. El trasladar la instrucción de los magistrados a los fiscales no aporta nada y siempre he pensado que es la expresión del complejo de algunos políticos que quieren que nos parezcamos a otros países. Por supuesto, son aquellos en los que el presidente del Gobierno o de la República no puede decir, como hizo Sánchez, que la Fiscalía depende de él. Estos tics autoritarios están muy mal vistos en el resto de la UE. En n

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