La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía promoverá en la Fiscalía que califique como atentado a la autoridad las "agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave" que se produzcan contra los profesores. Cuando los hechos "pudieran ser constitutivos de infracción penal, la Administración educativa los pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal".

Es una de las medidas por las que apuesta el Gobierno andaluz en el proyecto de decreto que desarrolla la Ley 3/2021 de 26 de julio -Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado- cuyo borrador ha consultado Europa Press.

Las agresiones que se atienden con este reglamento no serán sólo las que se producen en el centro escolar sino que incluyen el ciberacoso a los profesores. Los docentes que sean agredidos recibirán

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