Més sitúa «dentro de la gestión normal de ayudas» los pagos indebidos de renta social garantizada ( Resoga ) de los que advierte una auditoría del sistema de control de la prestación. La Conselleria de Benestar Social tramita ya el reintegro de 1,3 millones de euros y estima que el monto total a reclamar podría elevarse hasta los 2,5 millones. La revisión de expedientes se remonta hasta 2016, si bien el grueso de expedientes con irregularidades son a partir de 2019, de modo que abarcan legislaturas en las que la ecosoberanista Fina Santiago estuvo al frente de la Conselleria.
Estas deficiencias las pone de manifiesto un informe de control financiero realizado por personal de Intervención Adjunta de la Comunidad Autónoma . Preguntado por este asunto en una rueda de prensa, el

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