El canciller peruano, Hugo de Zela, anunció este domingo que la decisión sobre el salvoconducto para la expremier Betssy Chávez podría demorarse hasta diciembre. Chávez, quien recibió asilo en México, enfrenta un juicio relacionado con el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo. En una entrevista con Punto Final, De Zela explicó que el gobierno peruano planea proponer a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) una modificación a la Convención de Caracas de 1954. "Lo que queremos es generar en América Latina un consenso para hacerlo correcto", afirmó desde la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) en Santa Marta, Colombia. El canciller indicó que ya ha discutido este tema con varios colegas de la región y que ha recibido un interés positivo sobre la propuesta. "Esa presentación formal la queremos hacer en un breve plazo. Yo diría que va a ser, o por lo menos intentamos, que sea antes de fin de año", añadió. De Zela también expresó su confianza en que la propuesta peruana será bien recibida y discutida, subrayando la importancia de no dilatar el proceso. "No queremos que se presente algún otro caso de repente en el Perú, de repente en otros países. Lo que tenemos que evitar es eso", concluyó. Por su parte, Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, había comentado anteriormente que el gobierno del presidente interino José Jerí se resistirá a entregar el salvoconducto necesario para que su clienta pueda salir del país. "Así que Betssy Chávez seguirá dentro de la residencia mexicana todo el tiempo que sea posible", agregó. El presidente Jerí confirmó el viernes que la exjefa de Gabinete no podrá viajar a México hasta que su gobierno tome una decisión sobre el salvoconducto. "No nos vamos a pronunciar todavía sobre ello y, en consecuencia, no podrá viajar aún", declaró a los periodistas. Jerí también mencionó que coordinó el anuncio sobre la modificación de la Convención de Caracas con De Zela, y reafirmó que Perú aún no ha tomado una decisión definitiva sobre el caso de Chávez, reconociendo las obligaciones de los tratados internacionales.