El modelo de gobernanza establecido en la Constitución de 1857, que otorga a los municipios amplias facultades de autogobierno, ha sido históricamente una de las fortalezas del federalismo mexicano. Sin embargo, esa misma estructura ha generado vulnerabilidades profundas frente a la delincuencia organizada. La descentralización política, sin una estrategia suficiente del Estado en materia de seguridad, ha permitido que los grupos criminales penetren con relativa facilidad los gobiernos locales, capturando instituciones y recursos públicos.

En entidades como Michoacán, donde la economía informal y la desigualdad se entrelazan con la violencia estructural, la fragilidad de los municipios se convierte en terreno fértil para la cooptación del poder político. Si a ello agregamos la ausencia de

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