El máximo responsable de la Fiscalía declara este miércoles después de que varios periodistas hayan revelado que conocieron el correo antes que él y sin que aparecieran pruebas de que lo filtró

Dos periodistas afirman en el Supremo que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general

Tras casi 30 horas de interrogatorios, llega el turno del fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz se convertirá este miércoles en el primer máximo representante del Ministerio Público en activo en declarar como imputado en un juicio. Las acusaciones consideran que filtró a la prensa el correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso se confesaba autor de dos delitos fiscales y piden para él condenas de hasta seis años de cárcel. Él lo negará de nuevo ante los siete jueces del alto tribunal que tienen que decidir si es o no culpable.

La declaración del fiscal general —el último en tomar la palabra antes de los informes de las partes— se produce después de que el tribunal haya escuchado a 28 testigos entre fiscales, periodistas y políticos. Son interrogatorios de los que no ha emergido ni una sola prueba directa de que el fiscal general filtrase el correo con la confesión del empresario.

Es más, informadores de varios medios, entre ellos elDiario.es, han declarado que conocieron el secreto cuya revelación es objeto del juicio antes de que pudiera tenerlo el fiscal general. Algunos de ellos, incluso, han aportado pruebas de que conocieron que existía una propuesta de pacto antes que el fiscal general. Una revelación que pone en entredicho el principal indicio contra el fiscal general: la coincidencia temporal entre que él recibe esa información confidencial y esta aparece en la prensa.

El origen de la causa que ha llevado al banquillo a García Ortiz es la información publicada por el diario El Mundo el 13 de marzo de 2024, en la que se decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Para contrarrestar la mentira, difundida por Miguel Ángel Rodríguez y recogida por varios medios –algunos añadieron que el pacto se había frenado por “órdenes de arriba”–, el fiscal general decidió elaborar una nota de prensa. Para ello, reclamó a los fiscales implicados toda la documentación y el intercambio de correos. El Estatuto de la Fiscalía recoge un mecanismo llamado “dación de cuenta” por el que un superior puede pedir documentación de un caso a otros fiscales.

Para cuando se emitió ese comunicado a las diez de la mañana del día 14 de marzo, varios medios de comunicación —entre ellos elDiario.es— ya habían publicado el contenido del correo con la confesión. Varios periodistas han dicho ante el tribunal que la información sobre un posible pacto ya circulaba por las redacciones desde días atrás. Son afirmaciones que refuerzan a la Fiscalía y a la defensa del máximo representante del Ministerio Público, pues su tesis es que no solo no hay pruebas de que García Ortiz filtrara el documento, sino que para entonces la confesión no era un material reservado porque diversos medios ya habían publicado su contenido.

Hay muchas incógnitas de la declaración de García Ortiz que no quedarán despejadas hasta que empiece el interrogatorio este miércoles por la tarde. Por ejemplo, si contestará a todas las partes o si, como sucedió en la fase de instrucción, solo atenderá a las preguntas de los Abogados del Estado que dirigen su defensa. “No. Rotundamente no”, dijo entonces hasta en media docena de ocasiones para negar cualquier implicación en la filtración a la prensa del correo con la confesión del comisionista sanitario.

Su declaración como imputado ante el juez Ángel Hurtado el pasado mes de enero fue una jornada tensa. El fiscal general anunció que no contestaría a las preguntas del magistrado ni de las acusaciones. Y cargó directamente contra el instructor: acusó a Hurtado de actuar con “predeterminación” y de investigar el caso guiado por “una certeza” que, dijo entonces, no lleva a “descubrir la verdad”. Acusó a Hurtado, por tanto, de no hacer nada que no llevara a la conclusión de que él había filtrado el correo.

Explicó entonces el fiscal general que no quería contestar ni al juez ni a las acusaciones porque todas las pruebas contra él procedían de los registros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su despacho y el de la fiscal provincial. Unos registros que, por aquel entonces, no habían sido avalados por la Sala de Apelaciones. También cargó contra el querellante: “Omite datos fundamentales, no ha sido leal”. El desconcierto llegó a máximos cuando la propia teniente fiscal anunció que no iba a interrogar al fiscal general porque los registros en su despacho no eran legales.

El fiscal general, el único imputado

Casi diez meses después la situación ha cambiado. El Supremo avaló esos registros –criticados con fuerza por la Abogacía del Estado en la primera sesión de juicio– y García Ortiz ya no tiene delante al juez Hurtado sino a un tribunal de siete magistrados, liderado por Andrés Martínez Arrieta, que apenas ha hecho preguntas a la mayor parte de los testigos. Y ahora es el único imputado, cuando en ese momento estaba acompañado en el banquillo por los fiscales Pilar Rodríguez y Diego Villafañe, su mano derecha en la calle Fortuny, donde está situada la sede de la Fiscalía General del Estado.

García Ortiz fue claro ante Hurtado al negar haber participado en la filtración o haber dado a alguien la orden de filtrar el documento a la prensa. “No. Rotundamente no”. También negó haber actuado para perjudicar a González Amador, a quien describió como “un ciudadano con plenitud de sus derechos”. Y cargó con dureza contra la “información no veraz” que difundió el entorno de Ayuso y algunos medios, además de apuntar a la Fiscalía de Madrid de Almudena Lastra por no haber informado públicamente del caso: “Se cometió un error”.

No está previsto que García Ortiz abandone ese guion y negará, también este miércoles, haber tenido algo que ver con esa filtración. Se espera que las acusaciones pongan el foco en los principales indicios que sustentan la causa: la citada coincidencia temporal entre que García Ortiz recibe el correo de la confesión y este aparece en la prensa y el borrado de sus mensajes y correos una semana después de que el Supremo abriera la causa contra él.

Esa coincidencia temporal ya fue abordada en su escrito de defensa, lo que da pistas del argumentario que puede seguir García Ortiz ante el tribunal. Sus abogados argumentaron en ese escrito que los hechos de la tarde del 13 de marzo de 2024 —en la que reclamó a sus subordinados la información sobre el caso— evidencian que “no existe ninguna conexión lógica necesaria” entre la publicación del correo de 2 de febrero en la Cadena Ser y el envío de ese mismo correo al fiscal general.

Su tesis es que ambos hechos están “próximos en el tiempo” porque tuvieron una misma causa desencadenante: “La puesta en marcha desde la Comunidad de Madrid de una serie de acciones coordinadas de comunicación que pretendían, al mismo tiempo, neutralizar y desviar el foco de la información publicada por elDiario.es, y acusar a la Fiscalía de perseguir por motivos políticos a la pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid”.

El indicio de la coincidencia temporal también choca con el testimonio de varios de los periodistas que han comparecido ante el tribunal y que han confirmado que esa confesión ya circulaba por algunas de las principales redacciones del país antes de que llegara a manos del fiscal general. Este mismo martes, José Manuel Romero, entonces subdirector de El País y hoy director adjunto de elDiario.es, ratificó el contenido de las actas notariales que acreditan él y otros redactores del periódico de Prisa conocieron las negociaciones entre González Amador y la Fiscalía a través de la Fiscalía de Madrid mucho antes de que esa información llegara a manos de García Ortiz en la noche del 13 de marzo. Esas actas recogen los mensajes que se intercambiaron estos redactores.