El presidente José Jerí supervisó la destrucción de más de 8,200 armas de fuego incautadas a la delincuencia en una ceremonia celebrada en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), ubicada en el distrito de Ate. Esta acción es parte de las iniciativas del Gobierno para fortalecer la seguridad ciudadana y mitigar el riesgo del uso ilegal de armamento en el país. Las armas destruidas, que incluyen revólveres, pistolas y escopetas, fueron confiscadas durante operativos de control y fiscalización a nivel nacional. Muchas de estas armas habían sido utilizadas en actividades delictivas, poniendo en peligro la vida y la seguridad de los ciudadanos peruanos. El proceso de clasificación y traslado de las armas se realizó en colaboración con la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), la Policía Nacional del Perú y la organización británica Mines Advisory Group (MAG). Esta última proporcionó la maquinaria necesaria para llevar a cabo la destrucción, en virtud de un convenio de colaboración firmado en septiembre de 2021. Durante la ceremonia, las armas fueron sometidas a un corte mecanizado utilizando equipos industriales. Se seccionaron partes clave como el cañón, el mecanismo de disparo y la culata, asegurando que no pudieran ser reparadas ni reutilizadas. Los restos metálicos resultantes de la destrucción serán trasladados a Chimbote, en la región Áncash, donde serán fundidos en los hornos de Siderperu. Este material se transformará en materia prima para la fabricación de juegos infantiles y mini gimnasios, que serán instalados en distritos vulnerables del país. Esta iniciativa no solo busca prevenir el comercio ilegal de armas, sino que también promueve el reciclaje con un impacto social positivo y contribuye al fortalecimiento de la seguridad nacional. La destrucción de estas armas se considera un paso importante en la lucha contra la delincuencia y en la promoción de un entorno más seguro para todos los peruanos.