LOS ÁNGELES (AP) — Una jueza federal dijo el viernes que el gobierno de Estados Unidos continúa violando los derechos constitucionales de los migrantes retenidos al restringir su acceso a abogados en un centro de detención en Los Ángeles y ordenó al ejecutivo del presidente Donald Trump que ponga remedio a la situación.

Grupos de defensa de los migrantes presentaron la demanda en julio en la que acusaban al gobierno de perseguir de forma sistemática a personas de piel morena en el sur de California durante su campaña contra la migración. Además, acusaron a los funcionarios de inmigración de detener a personas basándose en su raza, realizar arrestos sin orden judicial y negar a los detenidos el acceso a asistencia legal en un centro de detención en el centro de Los Ángeles.

La jueza Maame E. Frimpong, de Los Ángeles, indicó que el fallo se basa en una orden temporal de julio que exigía al gobierno proporcionar a los detenidos acceso a llamadas telefónicas confidenciales y gratuitas con sus abogados.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.

La jueza indicó que los demandantes aportaron evidencias de que el gobierno no había cumplido íntegramente la orden de julio.

Esta exigía que el centro de detención estuviera abierto a visitas de abogados los siete días de la semana, por un mínimo de ocho horas diarias entre semana y un mínimo de cuatro los fines de semana y feriados. Aunque las autoridades federales acataron ese punto, el tribunal también requería a las autoridades que notificaran, en un plazo de cuatro horas, a los demandantes si necesitaban cerrar las instalaciones por cualquier motivo y que el cierre no se extendiera más de lo “razonablemente necesario”.

“La Corte ha examinado todas las nuevas evidencias presentadas por ambas partes y decide una vez más que el gobierno federal está bloqueando parcialmente el acceso a los abogados”, escribió Frimpong en su orden.

Mark Rosenbaum, abogado de Public Counsel, dijo en una vista judicial el 23 de octubre que los letrados todavía tenían problemas para reunirse con sus clientes.

Los abogados no comenzaron a ser notificados del cierre de las instalaciones hasta el 10 de septiembre. A menudo tenían que reunirse con sus clientes con la puerta abierta y con guardias presentes, lo que les impedía mantener conversaciones privadas. Ha habido casos en los que el centro se cerró debido a una protesta pacífica en otra ciudad, a kilómetros (millas) de distancia, señaló Rosenbaum.

Los detenidos también han sido trasladados con frecuencia y sin previo aviso, a veces desde el centro de Los Ángeles a otros que no permiten visitas de abogados.

"Al conceder esta medida cautelar, la jueza dejó claro que el gobierno no puede encarcelar a la gente y cortarles el acceso a sus abogados”, dijo Rosenbaum en un comunicado después del fallo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.