La situación penitenciaria es degradante en nuestro país, por dos principios constitucionales que no se cumplen: aquel que establece que las cárceles serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de las y los detenidos en ellas, consagrado en el artículo 18, y el que determina que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley (artículo 16).

El primero es vulnerado por la deplorable situación de hacinamiento que padecen, por lo general, muchas personas detenidas por orden judicial. Esto es consecuencia de las enormes deficiencias de infraestructura edilicia del servicio penitenciario. Como para muestra basta un botón, digamos que uno de los paradigmas a nivel nacional es la centenaria cárcel federal de Formosa (U 10); un anacrónico presidio enclavado en el microcentro

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