La expansión de la minería formal, informal e ilegal en nuestro país viene transformando los territorios y las relaciones entre las poblaciones que se ubican en las zonas de influencia. Según datos del Instituto del Bien Común (IBC) y la Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra, la actividad extractiva ya ocupa el 16,5% del suelo peruano y afecta al 35% de tierras comunales.

En regiones como Madre de Dios , un 22% del territorio está concesionado a la minería, mientras que, en Cusco, el 24% se encuentra bajo control ajeno. El caso de Espinar (Cusco) es un claro ejemplo del problema: el 47% del área provincial está adjudicado a la actividad extractiva y apenas el 10% de las comunidades han logrado georreferenciar su territorio, lo que limita la defensa ambiental y aumen

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