Los cálculos previos que proliferaban en redes eran parciales y estaban rezagadas. El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, con herramientas de tecnología de punta a mano, encontró que durante los primeros siete días de noviembre de 2025 el gobierno firmó contratos interadministrativos por $9 billones.

Lo hizo, como acosado por la prisa, antes de que entrara en vigor la Ley de garantías Electorales. La carrera fue tan de largo aliento que, en un solo día, el 7 de noviembre -en vísperas de que comenzara a regir la prohibición legal- fueron comprometidos $6,1 billones, equivalentes al 68% del total contratado durante ese lapso.

Rodríguez cumplió lo prometido el 10 de noviembre: aplicó el Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo y analizó la información reportada en

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