En medio de la controversia por las negociaciones de paz territorial en Nariño, el presidente Gustavo Petro ha dicho una verdad que no podemos ignorar: “no hay un marco político, sino sociojurídico” para adelantar procesos de paz en este departamento. Y aunque muchos lo han criticado, en esta ocasión tiene razón. La gran equivocación no está en Bogotá, sino en Pasto. El gobernador de Nariño, con más entusiasmo que juicio, emprendió unos diálogos de paz sin el sustento político ni jurídico necesario. Se trató de una apuesta audaz, sí, pero sin las garantías normativas ni el respaldo institucional que exige una negociación de esta naturaleza. ¿Cómo se puede construir paz si no se ha establecido primero el marco legal que le dé forma, legitimidad y futuro? Lo que se montó fue más una intenc

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