Cuando los argentinos no terminamos de reponernos del mal trago que significó la decisión de un Juez Federal de imponer censura previa respecto de los actos de una funcionaria del gobierno nacional, hoy recibimos otro “cascotazo” a la institucionalidad y al estado de derecho al tomar conocimiento de la decisión adoptada en la provincia del Tucumán, cuando, a instancias del Ministerio Público Fiscal local, un juez provincial dictó una medida cautelar que ordena a la Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC), a sus periodistas, productores y conductores , abstenerse durante seis meses de emitir, por cualquier medio, contenidos que “directa o indirectamente, injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación de fiscales, funcionarios judiciales y magistrados de

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