Funcionarios federales han confirmado un aumento en la aplicación de las leyes de inmigración en Charlotte, Carolina del Norte. Este operativo ha generado preocupación entre los residentes. Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han sido vistos realizando arrestos en varios lugares de la ciudad. La vicesecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, declaró: “Los estadounidenses deberían poder vivir sin temor a que inmigrantes ilegales criminales violentos los lastimen a ellos, a sus familias o a sus vecinos”.

La administración ha enviado más agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Charlotte para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, funcionarios locales, incluida la alcaldesa Vi Lyles, han criticado estas acciones, afirmando que “están causando miedo e incertidumbre innecesarios”. En un comunicado conjunto, Lyles y otros funcionarios expresaron su apoyo a todos los residentes que desean continuar con sus vidas.

A pesar de la intensificación de la aplicación de la ley, las estadísticas indican que el crimen en Charlotte ha disminuido este año. Según AH Datalytics, los homicidios, violaciones, robos y robos de vehículos motorizados han caído más del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la administración Trump ha utilizado incidentes violentos, como el apuñalamiento de una refugiada ucraniana, para argumentar que las ciudades gobernadas por demócratas no protegen a sus ciudadanos.

El alguacil del condado, Garry McFadden, reveló que fue informado sobre la llegada de agentes federales, aunque el Gobierno federal no había anunciado previamente la operación. Charlotte, con más de 900,000 habitantes y una población diversa, ha visto un aumento en las detenciones desde el inicio de este operativo.

Willy Aceituno, un ciudadano estadounidense de origen hondureño, relató su experiencia al ser detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza. “Les dije, ‘soy ciudadano estadounidense’”, comentó Aceituno, quien fue liberado tras mostrar sus documentos.

Paola García, portavoz de la organización sin fines de lucro Camino, ha observado un incremento en las detenciones. “Básicamente, lo que estamos viendo es que hay muchas personas siendo detenidas”, afirmó. Greg Asciutto, director de CharlotteEast, también notó una “actividad significativa de la patrulla fronteriza” y describió los arrestos como “extremadamente rápidos y dirigidos”.

En un incidente en el este de Charlotte, dos trabajadores que colgaban luces de Navidad fueron abordados por agentes de CBP. Rheba Hamilton, quien grabó el encuentro, expresó su preocupación por la situación. “No han infringido ninguna ley, y eso es lo que me preocupa”, dijo.

La comunidad ha respondido con protestas. Algunos negocios han cerrado por temor a las redadas, lo que ha afectado la economía local. J. D. Mazuera Arias, concejal municipal, criticó la presencia de la Patrulla Fronteriza en la ciudad, señalando que “esto es una grave violación de los derechos constitucionales”.

Mientras tanto, la administración Trump defiende estas operaciones como necesarias para combatir el crimen y hacer cumplir las leyes de inmigración, aunque la situación ha generado un debate intenso en la comunidad.