El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta serias críticas tras el bombardeo en Guaviare, donde se confirmó la muerte de siete adolescentes. La operación militar dejó un total de veinte víctimas mortales. La controversia se intensificó al revelarse que altos mandos conocían la posible presencia de menores en el campamento disidente de Iván Mordisco antes de autorizar el ataque.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió la decisión, argumentando que las labores de inteligencia indicaron una “alta probabilidad de presencia de menores” en el campamento. Sin embargo, justificó el bombardeo al señalar que los jóvenes estaban clasificados como combatientes ilegales. “Lo que le da el estatus de combatiente no es la edad, es la función que cumple dentro de una organización criminal”, afirmó Sánchez en una rueda de prensa.

El ministro insistió en que, según los análisis de inteligencia, “no había niños, no había niñas” en el campamento, sino adolescentes con funciones de combate. “Ahí, en ese grupo, solamente habían combatientes ilegales en armas de diferentes edades”, agregó. La operación se llevó a cabo para neutralizar a un grupo de más de cien personas armadas, ante lo que se consideró una “amenaza inminente y grave”.

Sánchez explicó que la situación de los militares en el terreno impulsó la rápida autorización del ataque aéreo. Según el vocero oficial, 20 soldados estaban expuestos a una amenaza letal inminente. El presidente Petro también se pronunció en redes sociales, indicando que el bombardeo buscaba evitar una emboscada a sus tropas.

La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, lamentó la muerte de los menores y calificó la situación como “atroz”. Marín destacó que este escenario refleja “la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables”.

El Ministerio de Defensa también informó que durante la operación se logró rescatar a tres adolescentes que formaban parte del grupo criminal. La institución aseguró que se evaluaron los principios de precaución, proporcionalidad y distinción, en línea con el Derecho Internacional Humanitario.

Sánchez reiteró que el principio de distinción es fundamental para identificar quiénes son combatientes y quiénes están protegidos por el DIH. En medio de la polémica, el Gobierno subrayó la necesidad de proteger la vida de sus agentes, aunque esto genere controversias sobre el uso de la fuerza y la clasificación de menores en conflictos armados.