De acuerdo con el documento, la administración busca ampliar la colaboración con entidades de fe , a las que atribuye experiencia comunitaria y capacidad operativa para fortalecer el sistema de bienestar infantil. La orden instruye a las agencias federales a facilitar su incorporación y garantizar que no sean excluidas por motivos religiosos.

La medida ha generado divisiones. Líderes religiosos y grupos conservadores celebraron la decisión, destacando que muchas iglesias y organizaciones de inspiración cristiana ya participan activamente en programas de adopción y acogimiento, y que su intervención podría agilizar procesos y mejorar el acompañamiento emocional de los menores .

Sin embargo, defensores de derechos civiles expresaron preocupación por la posibilidad de que la prioridad

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