El régimen actual ha convertido la prórroga continua del estado de emergencia en un recurso político antes que en una estrategia de seguridad pública. Esta figura excepcional, concebida en el diseño constitucional para enfrentar situaciones de grave riesgo, se ha mantenido desde el 2022 sin que exista una mejora tangible en el combate a la criminalidad, que es la principal preocupación de los peruanos.

El resultado es un país donde el delito se expande sin resistencia efectiva. Mientras eso ocurre, el Gobierno privilegia un mecanismo que solo le permite sostenerse en el poder.

Desde el fujimorismo se construye nuevamente la idea de que la amenaza para la estabilidad nacional no proviene de la delincuencia organizada, sino de la ciudadanía movilizada. Tal distorsión convierte el estado de

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