La Municipalidad Metropolitana de Lima se encuentra en una situación crítica, con un déficit que compromete sus ingresos durante las próximas dos décadas. Desde 2023, la deuda acumulada supera los S/4 mil millones, lo que ha llevado a la comuna a buscar soluciones para aliviar su situación fiscal. Según una investigación de la periodista Jackeline Cárdenas, la gestión de Lima, en colaboración con Renovación Popular y otros aliados legislativos, ha presentado cinco proyectos de ley en el Congreso para asegurar mayores recursos del Estado.

El objetivo de estas iniciativas es ampliar las fuentes de financiamiento mediante cambios normativos que permitan a la municipalidad acceder a rentas adicionales, fondos regionales y competencias sectoriales. Estas propuestas se consideran una salida ante el peso de los compromisos financieros asumidos en años anteriores.

Una de las propuestas más destacadas busca que Lima reciba un 2% adicional de las rentas generadas por actividades aduaneras. Actualmente, la norma vigente asigna un mínimo del 3% a las provincias y distritos que albergan estas operaciones. La comuna argumenta que asume costos significativos por el mantenimiento de las vías que conectan con el Puerto del Callao y el Aeropuerto Jorge Chávez. La regidora Giuliana Calambrogio ha señalado que, si se aprueba esta modificación, Lima podría sumar hasta S/180 millones anuales.

Además, el informe menciona iniciativas que buscan transferir funciones de educación y salud a la municipalidad, junto con los recursos de estos sectores. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han emitido opiniones desfavorables, argumentando que el proceso de traslado de competencias requiere evaluaciones que definan la capacidad del municipio para asumir estas tareas.

Otra propuesta en discusión intenta que todas las entidades públicas destinen la mitad de su presupuesto institucional inicial a inversiones. Sin embargo, especialistas advierten que este cambio no sería viable, ya que implicaría redirigir gastos operativos esenciales hacia infraestructura, lo que podría afectar el funcionamiento de las instituciones.

La municipalidad también ha presentado una iniciativa para utilizar recursos del Fondo de Inversión Agua Segura para ejecutar obras temporales de abastecimiento. No obstante, el Ministerio del Ambiente ha observado que esta medida podría desnaturalizar los mecanismos destinados a proteger las fuentes hídricas, pidiendo ajustes para evitar desviaciones en la finalidad de los fondos.

Uno de los dictámenes más sensibles busca incluir a la Municipalidad de Lima dentro del Fondo de Compensación Regional, diseñado para apoyar a zonas con bajos ingresos de canon y regalías. Según cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la capital podría recibir más del 30% del fondo, lo que dejaría sin recursos a regiones como Áncash, Callao y Tacna. Esta propuesta cuenta con el apoyo de congresistas de Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, aunque el Consejo Fiscal ha alertado que su aprobación podría afectar el equilibrio financiero nacional.

A pesar de un aumento gradual del Impuesto de Promoción Municipal, que financiará el Fondo de Compensación Municipal, el MEF ha subrayado que los problemas de los municipios no solo se deben a la falta de fondos, sino también a la forma en que se ejecutan sus presupuestos. Las autoridades han advertido que las próximas gestiones ediles enfrentarán serios límites, ya que los ingresos de la capital están comprometidos con el pago de bonos municipales emitidos en años recientes. La reciente solicitud de S/200 millones adicionales al Congreso refleja la presión financiera que enfrenta la ciudad en la actualidad.